La Fiscalía General de la Nación propinó un golpe contundente a las finanzas del Clan del Golfo tras identificar un millonario patrimonio oculto. Los fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio afectaron 243 bienes que pertenecerían a Mario Élber Garzón Escobar, conocido bajo el alias de Mario Bros. Este sujeto es señalado por las autoridades como el principal articulador del componente narcotraficante de la mencionada organización criminal.
Garzón Escobar habría diseñado un complejo esquema financiero para ocultar el origen ilícito de las propiedades, las cuales superan los 76.000 millones de pesos. Las investigaciones indican que el procesado administró durante más de 10 años recursos provenientes del envío de cocaína, extorsiones y homicidios. Para evitar el rastreo de las autoridades, el implicado ponía los activos a nombre de terceras personas, mezclándolos con capitales de origen aparentemente lícito.
La operación conjunta con la Dijin de la Policía permitió la identificación de 207 predios rurales y 15 inmuebles urbanos distribuidos en zonas estratégicas. Las propiedades se encuentran ubicadas en municipios de Cundinamarca como Chía, La Vega y Puerto Salgar, además de las localidades de Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta. Esta distribución geográfica facilitaba el ocultamiento de las inversiones ilícitas mediante el uso de diversas sociedades comerciales.
Además de los inmuebles, las medidas cautelares recayeron sobre 10 vehículos, dos sociedades legalmente constituidas y un establecimiento de comercio de gran envergadura. Otras ocho propiedades diversas completan la lista de activos que ahora cuentan con embargos, secuestros y suspensión del poder dispositivo por parte del Estado. Estas maniobras de blindaje patrimonial permitían al Clan del Golfo financiar su estructura criminal y desviar la atención de los entes de control.
El ente acusador destacó que alias Mario Bros utilizaba su experiencia logística para articular el tráfico de armas y la consolidación de redes de sicariato regional. La afectación de estos 243 bienes debilita significativamente la capacidad de maniobra económica del grupo armado en el centro del país. La estrategia de las autoridades este 17 de abril de 2026 se centra en desmantelar el poder financiero de los cabecillas mediante la extinción de dominio.
La investigación técnica demostró que la organización criminal no solo enviaba estupefacientes a destinos internacionales, sino que reinvertía las ganancias en sectores productivos del Meta. La identificación de los predios rurales fue posible gracias al cruce de bases de datos de instrumentos públicos y testimonios de antiguos colaboradores de la red. Este operativo se suma a la ofensiva nacional por recuperar los activos que han sido arrebatados mediante la violencia y el miedo.
Los bienes incautados pasarán ahora a la administración de la Sociedad de Activos Especiales mientras se define su situación jurídica final en los tribunales correspondientes. La Fiscalía enfatizó que la publicación de esta información responde estrictamente a razones de interés general y transparencia informativa para la ciudadanía colombiana. El seguimiento a los capitales ilícitos continúa siendo el pilar fundamental para desarticular las estructuras armadas que operan en los llanos orientales.
Finalmente, el golpe financiero impacta directamente el nivel de vida de los testaferros que prestaban sus nombres para legalizar el dinero del narcotráfico. Se espera que la extinción de dominio sobre estos activos contribuya a la reparación de las víctimas mediante la inversión de estos recursos en programas sociales. La justicia colombiana reafirma así que el crimen no pagará y que las propiedades adquiridas ilegalmente serán recuperadas por el Estado colombiano.
