Las organizaciones que integran la Mesa de Gremios del Sector Audiovisual Colombiano emitieron un comunicado oficial en el que lamentaron los hechos ocurridos el 18 de abril durante el rodaje de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, que cobró la vida de 2 trabajadores y dejó otros heridos en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe en Bogotá. Las 16 organizaciones firmantes enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas y elevaron una exigencia concreta ante las productoras y las instituciones del sector cinematográfico colombiano.
La primera demanda es directa e inmediata: la Mesa de Gremios exige que se detenga el rodaje y la operación de Sin senos sí hay paraíso de la productora TIS Productions, en colaboración con Telemundo, hasta que se garanticen protocolos de seguridad verificables y se esclarezcan los hechos, en los cuales, según el comunicado, podría existir algún tipo de negligencia por parte de la producción. Además, los gremios exigen atención psicológica para los trabajadores que presenciaron la tragedia y soporte jurídico para los miembros del equipo que fueron detenidos durante los hechos del sábado.
El comunicado no se limita al caso inmediato. La Mesa de Gremios recordó que en 2022 y 2023 envió un documento a la DACMI, entidad que hace parte del Comité de Promoción Fílmico Colombia, CPFC, encargado de asignar los recursos de la Ley 1556, de la cual Sin senos sí hay paraíso es beneficiaria. En ese documento, los gremios solicitaron que se establecieran condicionantes obligatorios en materia de condiciones laborales y seguridad para las productoras que reciben este incentivo.
Hasta la fecha, según los firmantes, ninguna acción ha sido tomada al respecto por las instituciones competentes.
La inacción institucional frente a esa solicitud tiene antecedentes que el comunicado cita con precisión. Producciones como Cien años de soledad y Brisas, ambas beneficiarias de la Ley 1556, han enfrentado querellas por jornadas laborales excesivas con afectaciones en la salud mental y física de sus trabajadores, e irregularidades en los contratos. A esos casos se suma ahora el de Sin senos sí hay paraíso, que operaba sin un esquema de seguridad que el gremio califica de absolutamente necesario, reforzando la urgencia de establecer mecanismos claros de prevención, seguimiento y control en todos los rodajes del país.
Ante este panorama, la Mesa de Gremios dirigió su exigencia al CPFC y a sus miembros, entre quienes figuran el Ministerio de las Culturas, representado por la DACMI, y Proimágenes Colombia. El mensaje es contundente: las instituciones deben proteger e incentivar no solo la producción audiovisual en Colombia, sino situar como principio irrenunciable la defensa de la vida, la dignidad y el bienestar de los trabajadores del sector. “Ningún proyecto, incentivo o cronograma puede estar por encima de la vida”, concluye el comunicado con una frase que resume el espíritu de toda la declaración gremial.
El respaldo detrás de este pronunciamiento es amplio y representativo. Las 16 organizaciones firmantes cubren prácticamente todos los oficios del audiovisual colombiano: actores y actrices, sonidistas, guionistas, directores de fotografía, documentalistas, animadores, maquilladoras, ayudantes de dirección, editores, vestuaristas, directores y trabajadores de arte, entre otros. La participación de ANAFE, que agrupa a los festivales de cine del país, amplía aún más el alcance del pronunciamiento más allá de las producciones comerciales hacia todo el ecosistema cinematográfico nacional.
La tragedia del 18 de abril en el rodaje de Sin senos sí hay paraíso abrió una conversación que el sector audiovisual colombiano venía postergando. La muerte de Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, mientras cumplían su trabajo en un set sin protocolo de seguridad verificable, es el punto de quiebre que la Mesa de Gremios no está dispuesta a dejar pasar sin consecuencias institucionales. Lo que ocurrió en Los Laches no fue solo una tragedia: fue también el resultado de un vacío regulatorio que ahora el sector exige cerrar sin más demoras ni documentos archivados sin respuesta.
