Tras una Reunión Estratégica de Seguridad celebrada en Ipiales, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez anunció una serie de medidas para fortalecer el dispositivo operacional de la Fuerza Pública en Nariño y su zona fronteriza. La reunión contó con la presencia de la cúpula militar y de policía, así como con alcaldes y delegados de municipios como Ipiales, Barbacoas, Cumbal, Sandoná, Tuquerres y otros territorios del suroccidente colombiano que enfrentan la presión de grupos armados organizados y el crimen transnacional.
El anuncio más inmediato fue el refuerzo del pie de fuerza. A finales de abril llegarán al departamento 270 uniformados del Ejército Nacional y 200 de la Policía Nacional, distribuidos en puntos estratégicos del territorio. Un componente especial de este refuerzo será destinado a fortalecer la Operación Cordillera, que viene arrojando resultados positivos en la afectación a las estructuras logísticas y criminales de los grupos armados. Adicionalmente, se activarán dos pelotones blindados para mejorar el control de las vías en las próximas semanas, ampliando la capacidad de reacción territorial.
La Armada de Colombia también reforzará su presencia en la región. Ya se realizó el movimiento de la Patrullera Oceánica 20 de Julio, la embarcación más grande fabricada por Cotecmar, que recientemente incautó cerca de 2,4 toneladas de droga en aguas del Pacífico colombiano. En los próximos días llegará además una patrullera de costa nueva, que se sumará a otra ya desplegada en la zona para fortalecer los dispositivos fluviales y marítimos, especialmente en los límites con Ecuador. También se adquirirán un bote arcángel guardacostas y un bote fluvial para la Infantería de Marina.
El Gaula Militar de Nariño concentrará esfuerzos específicos en el municipio de Mallama contra el delito de extorsión. Las autoridades realizaron un llamado a la ciudadanía para que aporte información y denuncie los hechos, con el propósito de individualizar a los responsables y agilizar su judicialización. En el mismo sentido, en los próximos días se realizará una reunión interinstitucional con participación del Ministerio de Defensa, Migración Colombia, el Ejército, la Policía y el ICBF para diseñar estrategias que aumenten la efectividad en los pasos formales de la zona fronteriza con Ecuador.
La agenda de seguridad se complementa con una dimensión social de largo alcance. El ministro Sánchez anunció el Pacto por Nariño, un plan con una inversión de más de 7,5 billones de pesos durante los próximos 10 años, orientado a ejecutar proyectos sociales y de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los habitantes del departamento. Esta apuesta reconoce que la seguridad no se resuelve únicamente con presencia militar, sino que requiere transformaciones estructurales en las condiciones de vida de las comunidades que históricamente han sido más vulnerables a la influencia de los grupos ilegales.
En el marco del Programa Renacemos, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito adelanta la inscripción de más de 14.000 familias para promover economías legales. El esquema contempla inversiones para entregar a las comunidades que decidan sustituir voluntariamente los cultivos ilícitos trapiches, centros de acopio, bancos de maquinaria, viveros, lanchas, plantas de cacao y biofábricas. Esta oferta institucional busca ofrecer una alternativa económica concreta y viable para familias que durante años han dependido de los cultivos ilegales como principal fuente de subsistencia en territorios con escasa presencia del Estado.
Los resultados en materia de seguridad que destacó el ministro Sánchez muestran avances medibles en varios frentes. El secuestro registra una disminución del 50%, los hurtos a residencias y comercio cayeron un 25%, y el desplazamiento forzado y el confinamiento se redujeron en un 75%. Durante este año, las autoridades han capturado a más de 2.200 presuntos delincuentes en Nariño. El próximo 15 de mayo se realizará en Pasto una mesa técnica de la Secretaría de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a alertas tempranas, con la participación de todos los alcaldes del departamento.
El ministro de Defensa cerró su intervención poniendo a disposición de las comunidades las líneas gratuitas nacionales 107 y 157 para que, con absoluta reserva, puedan denunciar hechos de corrupción o cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad de los territorios. La articulación entre Fuerza Pública, instituciones civiles, alcaldías y comunidades que plantea esta agenda para Nariño representa una apuesta integral que reconoce la complejidad de una región que lleva décadas en el cruce de múltiples violencias y que merece respuestas a la altura de esa deuda histórica del Estado colombiano.
