La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del médico urólogo Alberto Posada Peláez, tras asociar por lo menos 20 denuncias interpuestas por víctimas en la ciudad de Medellín. El especialista fue capturado por unidades de la Policía Nacional y presentado ante un juez penal de control de garantías este 18 de abril de 2026. La investigación permitió identificar un presunto patrón delictivo en contra de la libertad sexual y la integridad física de las mujeres que acudían a su consultorio privado.
Según las actividades investigativas, el médico aprovechaba su condición de poder y la confianza depositada por sus pacientes para someterlas sexualmente durante las consultas. El especialista realizaba comentarios e insinuaciones de carácter íntimo antes de solicitarles que se pusieran una bata para un supuesto chequeo médico. Los elementos materiales probatorios indican que, una vez las mujeres estaban en la camilla, el procesado presuntamente consumaba el abuso aprovechando el estado de indefensión y la incapacidad de resistir de las víctimas.
El fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir. Durante la audiencia pública, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra; sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, el juez dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La captura se hizo efectiva en un parqueadero localizado en el sur de Medellín, tras varios meses de seguimientos técnicos y recolección de testimonios.
La asociación de casos fue fundamental para que la Fiscalía estableciera la sistematicidad de las agresiones cometidas por Posada Peláez. Los investigadores determinaron que el urólogo utilizaba su conocimiento científico para justificar maniobras físicas que no guardaban relación con los protocolos médicos establecidos. Esta manipulación técnica permitía que las pacientes no sospecharan inicialmente de las intenciones del médico, facilitando que el agresor continuara operando bajo una fachada de profesionalismo durante un largo periodo en la capital del departamento de Antioquia.
Las denuncias presentadas por las 20 mujeres coinciden en detalles específicos sobre el modus operandi del galeno dentro de su recinto privado de atención. La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para ubicar a otras posibles víctimas que hasta el momento no hayan denunciado formalmente estos hechos. Se sospecha que el número de afectadas podría ser superior, dado que el médico ejerció su profesión durante varios años en diferentes clínicas y consultorios del Valle de Aburrá, acumulando un historial de atención considerable.
El Colegio Médico de Antioquia y diversas asociaciones de pacientes han manifestado su rechazo absoluto ante estos hechos que vulneran la ética profesional y la seguridad de las mujeres. La justicia colombiana busca garantizar que el proceso se adelante con celeridad para proteger los derechos fundamentales de las víctimas y evitar que estos actos queden en la impunidad. La medida de aseguramiento intramural es una respuesta a la peligrosidad que representa el investigado para la sociedad y el riesgo de obstrucción a la justicia.
La investigación continúa bajo la coordinación del equipo Caivas para recolectar evidencias adicionales, incluyendo posibles registros audiovisuales o testimonios de personal administrativo que laboraba con el especialista. El fortalecimiento de la denuncia es vital para que las sentencias futuras sean ejemplarizantes y desincentiven cualquier tipo de violencia sexual en entornos de prestación de servicios de salud. La integridad de la relación médico-paciente es sagrada y su ruptura mediante actos criminales constituye una de las ofensas más graves contra la dignidad humana.
Finalmente, el caso ha generado una profunda reflexión en Medellín sobre los mecanismos de vigilancia y control en los consultorios privados de especialistas. La Secretaría de Salud de Antioquia anunció que revisará los protocolos de habilitación y supervisión para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. El compromiso institucional es brindar un entorno seguro donde las mujeres puedan acceder a servicios médicos sin temor a ser víctimas de depredadores. La justicia espera esclarecer totalmente este escabroso caso que hoy estremece a la comunidad.
