El Gobierno nacional expidió el Decreto 0375 de 2026 para reglamentar el Fondo Único de Soluciones Energéticas, FONENERGÍA, una herramienta técnica de alto impacto. Esta iniciativa busca integrar diversas fuentes de financiación para acelerar la expansión de la cobertura de energía eléctrica y gas en el país. Al unificar mecanismos anteriores, el Estado pretende optimizar la gestión de recursos destinados a los territorios históricamente más rezagados y vulnerables de la geografía nacional.
La nueva estructura financiera agrupa fondos como el FAER, FAZNI, PRONE y el Fondo de Gas, permitiendo una coordinación institucional mucho más eficiente y transparente. El objetivo primordial es financiar proyectos de infraestructura que mejoren la calidad del servicio y permitan la normalización de redes eléctricas. Esta estrategia es vital para las zonas rurales y los territorios no interconectados que hoy carecen de soluciones energéticas estables. La unificación administrativa facilitará la ejecución presupuestal oportuna.
Actualmente, más de 1,8 millones de viviendas en Colombia no tienen acceso al servicio de energía eléctrica, una cifra que preocupa a las autoridades. De este total, cerca de un millón de hogares se encuentran en áreas rurales, mientras que 843.000 están localizados en zonas urbanas informales. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó esta situación como una realidad que exige respuestas estructurales inmediatas. El fondo nace para enfrentar este reto.
El ministro Palma aseguró que FONENERGÍA es un paso decisivo para cerrar las brechas sociales que impiden el desarrollo de millones de familias colombianas. Según el funcionario, concentrar los esfuerzos financieros permitirá llevar luz y gas a lugares donde el servicio ha sido inexistente por décadas. La transición energética debe incluir necesariamente a las poblaciones excluidas para ser considerada un proceso justo. La inversión se enfocará en transformar la productividad de las regiones más apartadas.
De acuerdo con el reglamento, el fondo financiará tanto redes de energía como infraestructura para gas combustible, incluyendo acometidas y redes internas domiciliarias. También se priorizarán aquellos proyectos que impulsen la sustitución hacia fuentes no convencionales y combustibles mucho más limpios para el medio ambiente. El Gobierno proyecta inversiones cercanas a los 3,7 billones de pesos de aquí al año 2030. Esta ambiciosa meta financiera busca beneficiar directamente a 100.000 familias.
El esquema de operación contempla una articulación robusta entre la Nación, las entidades territoriales y las empresas prestadoras de servicios públicos. Además, se buscará el apoyo de la cooperación internacional para maximizar el impacto de cada peso invertido en los territorios seleccionados. Al centralizar la caja de estos programas, se reducen los trámites burocráticos y se agiliza la entrega de soluciones técnicas a las comunidades. La eficiencia operativa es la clave de este decreto.
La energía es considerada por la administración actual como un derecho habilitador de otros servicios fundamentales como la educación, la salud y la productividad. Sin electricidad, las posibilidades de desarrollo económico se ven drásticamente limitadas para los jóvenes y emprendedores del campo. Por ello, FONENERGÍA se presenta como una apuesta por la dignidad humana y la equidad social en el mediano plazo. La meta es que ningún hogar colombiano permanezca a oscuras.
La entrada en vigor de este fondo consolida un modelo de financiación energética más coherente con las necesidades reales de los departamentos periféricos. El Gobierno espera que los primeros proyectos financiados bajo este nuevo régimen comiencen su ejecución en el segundo semestre de 2026. Con transparencia y supervisión constante, Colombia avanza hacia el cumplimiento de sus metas internacionales de cobertura y sostenibilidad. La integración regional será el resultado final de este esfuerzo colectivo.
