El Gobierno nacional expidió el Decreto 0393 de 2026, estableciendo los lineamientos para integrar Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) en Colombia. Esta normativa aplica tanto para el Sistema Interconectado Nacional como para las Zonas No Interconectadas, marcando un avance estratégico en la confiabilidad del servicio. La medida busca estabilizar la red eléctrica ante la creciente participación de fuentes renovables, cuya intermitencia natural exige soluciones tecnológicas de vanguardia.
Esta decisión representa un hito para la transición energética justa, permitiendo que el sistema gestione de manera eficiente el flujo eléctrico durante todo el día. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el decreto marca un cambio estructural en la gestión energética del país. Al incorporar tecnologías de almacenamiento, Colombia asegura la estabilidad del suministro y se prepara para una matriz descarbonizada y mucho más eficiente.
El decreto habilita formalmente el uso y la remuneración de estos sistemas, permitiendo que presten servicios vitales como la regulación de frecuencia y tensión. La infraestructura de almacenamiento también servirá como respaldo energético y permitirá optimizar el uso de las redes de transmisión existentes en el territorio nacional. Según el ministro, estas reglas dan señales claras para atraer inversión extranjera y modernizar el sistema eléctrico colombiano en 2026.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) será la encargada de definir los esquemas operativos y de pago para los nuevos sistemas. Actualmente, la Comisión avanza en la reglamentación técnica necesaria para que las empresas inicien la implementación de estas baterías a gran escala. El Ministerio liderará la definición de los servicios específicos, garantizando que la tecnología responda a las necesidades críticas de la infraestructura eléctrica nacional.
Entre los servicios destacados se encuentra la capacidad de almacenar energía en horas de baja demanda para liberarla durante los picos de consumo ciudadano. Esto ayudará a reducir las congestiones en la red y proporcionará un respaldo esencial para el arranque del sistema en caso de fallas totales. La gestión de la demanda se vuelve más flexible, permitiendo un ahorro significativo y una mayor eficiencia en la distribución de energía.
El impacto social de esta medida será profundo en las Zonas No Interconectadas, donde la continuidad del servicio ha sido un desafío histórico para el Estado. Los sistemas de almacenamiento facilitarán el acceso a energía estable y limpia en regiones apartadas que dependen actualmente de combustibles fósiles costosos. Esto mejorará la calidad de vida de miles de colombianos, garantizando iluminación y refrigeración constante en los hogares más vulnerables del país.
El ministro Palma destacó que se están cerrando brechas históricas de equidad energética mediante el uso de tecnología de punta con sentido social. La presencia del Estado en los territorios más lejanos se fortalece al ofrecer soluciones técnicas que aseguran un servicio eléctrico de calidad profesional. Esta política pública fomenta el desarrollo de micro-redes sostenibles que impulsan la economía local y la competitividad en las zonas rurales colombianas.
La modernización del sistema eléctrico con estos lineamientos asegura que Colombia cumpla con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases contaminantes. El almacenamiento es la pieza que faltaba para aprovechar al máximo el potencial solar y eólico de regiones como La Guajira y el Caribe. El Gobierno nacional ratifica su compromiso de liderar una transición que priorice la seguridad energética, la inversión productiva y el bienestar nacional.
