Gobierno desmiente déficit de la UPC y cuestiona administración de las EPS

 

En audiencia ante la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que el sistema de salud cuenta con una financiación robusta y descartó la supuesta insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación. Según el jefe de cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, el rubro ha experimentado un crecimiento real del 28 % entre 2022 y 2026, sumando $21 billones adicionales. El funcionario enfatizó que la crisis actual no obedece a falta de dinero, sino a fallas estructurales en el modelo de intermediación financiera vigente.

El Gobierno Nacional presentó evidencia técnica que demuestra un incremento del 51,4 % en el presupuesto general del sector salud durante el actual periodo administrativo. No obstante, este esfuerzo fiscal contrasta con el aumento de las deudas que las EPS mantienen con hospitales, clínicas y trabajadores del gremio. Para el Ministerio, la persistencia de ineficiencias y la falta de trazabilidad en más de $15 billones de pesos evidencian que el modelo de aseguramiento actual impide la garantía del derecho fundamental.

Durante su intervención, el ministro Jaramillo desmontó el uso de indicadores de siniestralidad financiera como argumento para solicitar mayores recursos estatales. Explicó que dicha métrica no refleja la suficiencia de la prima, sino la eficiencia administrativa de cada entidad promotora de salud en su gestión del riesgo. Continuar inyectando capital sin corregir las distorsiones del sistema sería, en palabras del funcionario, como intentar llenar un saco roto debido a la comprobada desviación de los recursos públicos.

El jefe de la cartera de salud solicitó a los magistrados de la Corte Constitucional ampliar el análisis hacia los efectos de la integración vertical y la asimetría de información. Denunció que las barreras administrativas impuestas por algunas EPS están afectando la entrega oportuna de medicamentos a los ciudadanos, a pesar de que el suministro técnico está garantizado. El debate nacional debe centrarse en quién gestiona el dinero y por qué este no llega de manera efectiva a los prestadores finales de servicios.

Paralelamente, el Ministerio rechazó las narrativas de desinformación que desconocen los avances en infraestructura y presencia territorial logrados en 2026. A la fecha, se han desplegado 10.983 Equipos Básicos de Salud que brindan atención directa a más de 9.000.000 de familias en los 1.123 municipios del país. Esta estrategia de atención primaria busca detectar enfermedades tempranamente y acercar los servicios médicos a las poblaciones que históricamente han sido excluidas del sistema tradicional de salud.

La inversión en infraestructura hospitalaria también alcanza cifras históricas con la ejecución de 1.882 proyectos en todo el territorio, por un valor de $4,4 billones de pesos. Entre los logros destacados se encuentra la puesta en marcha del buque hospital Benkos Biohó, que atiende a 150.000 personas en el litoral pacífico colombiano. Estas obras demuestran que los recursos públicos están siendo transformados en servicios tangibles, fortaleciendo la red pública y privada mediante mecanismos de pago eficientes como el giro directo.

El mecanismo de giro directo, implementado a través de la ADRES, ha permitido aliviar los problemas de liquidez de clínicas y hospitales en medio de la crisis de intermediación. Al recibir los recursos sin pasar por terceros, los prestadores de salud pueden garantizar la estabilidad de su nómina y el suministro de insumos médicos básicos. Esta transparencia en el flujo de caja es fundamental para proteger la vida de los pacientes y asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones sanitarias nacionales.

Finalmente, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con una transformación estructural que priorice la salud como un derecho humano y no como una mercancía rentable. Se continuará avanzando en la fiscalización rigurosa de los recursos para que cada peso asignado se traduzca en bienestar y dignidad para los colombianos. La defensa del presupuesto público es el eje central de una política que busca equidad, oportunidad y transparencia en cada rincón del país donde la salud sea una necesidad apremiante.

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