La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a dos mujeres implicadas en una red de corrupción administrativa. Luz América Asprilla Abadía y Yuliana María Restrepo habrían participado en la apropiación irregular de recursos de la Alcaldía de Bahía Solano. Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2024 y 2025 en el departamento del Chocó. Las procesadas son señaladas de prestar sus cuentas bancarias personales para recibir transferencias ilegales.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de una maniobra financiera compleja para desviar el dinero público municipal. Inicialmente, un empleado de una empresa de servicios públicos facilitó una cuenta bancaria sin la debida autorización gerencial. A través de este mecanismo, se canalizaron recursos provenientes de la administración local hacia cuentas de terceros. Exactamente 119 millones de pesos fueron retirados mediante un cheque por una persona ajena a la entidad.
De la millonaria suma extraída ilegalmente, cerca de 31 millones de pesos terminaron en la cuenta de Asprilla Abadía. La investigación técnica sugiere que este movimiento buscaba no dejar trazabilidad de las operaciones bancarias sospechosas. Por su parte, Yuliana María Restrepo es señalada de recibir consignaciones directas por más de 132 millones de pesos. Estas transferencias provenían de las cuentas oficiales de la alcaldía sin que mediara ninguna justificación legal.
En el curso de las indagaciones se conoció que ninguna de las dos mujeres tenía un vínculo laboral vigente. Tampoco existía una relación contractual con la alcaldía que sustentara el envío masivo de dinero hacia sus cuentas. Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó lideró el proceso de imputación de cargos. Los delitos atribuidos son peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito de particulares.
Por este grave caso de corrupción también han sido judicializados anteriormente altos mandos de la administración municipal chocoana. Entre ellos se encuentran el jefe de presupuesto, Bernardo Alfonso Asprilla, y el secretario de Hacienda, Rodrigo Viñuela Jaramillo. La particular Sonia Rodríguez Palacios también forma parte de los procesados por estos hechos delictivos. La red operaba de manera coordinada para defraudar los recursos destinados a la inversión social del puerto.
La Fiscalía General de la Nación continúa recolectando pruebas adicionales para determinar si existen más personas involucradas en el robo. El ente acusador busca recuperar los fondos desviados para reintegrarlos al presupuesto de la localidad de Bahía Solano. Proteger el patrimonio público en las zonas más vulnerables de Colombia es una prioridad de la justicia penal hoy. Se espera que las audiencias concentradas ante el juez avancen con celeridad.
Las autoridades de control advirtieron sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en las tesorerías municipales del país. El uso de cuentas personales para ocultar la ruta del dinero público es una práctica que se repite en varias regiones. La transparencia en los movimientos bancarios estatales es fundamental para prevenir actos de corrupción similares en el futuro inmediato. Los ciudadanos del Chocó exigen que los responsables paguen por el daño causado.
Bajo este panorama judicial, el departamento enfrenta el reto de restaurar la confianza en sus instituciones gubernamentales más cercanas. La captura de los cerebros detrás de este entramado de apropiación ilícita representa un avance significativo contra la impunidad regional. Se mantendrá una vigilancia especial sobre los procesos de contratación y pagos de la Alcaldía de Bahía Solano durante todo este 2026. La justicia sigue el rastro de cada peso desviado ilegalmente.
