La promesa de cerrar un negocio ganadero fue la trampa. Un grupo delincuencial utilizó el pretexto de concretar la compra de varias cabezas de ganado para contactar y citar a 2 comerciantes en un punto específico de Fuente de Oro, Meta. El 21 de noviembre de 2024, las víctimas se trasladaron por vía terrestre hacia el lugar acordado, pero en el camino fueron interceptadas y retenidas por los integrantes de la organización criminal que había planeado meticulosamente su captura.
Durante 9 días, los 2 comerciantes permanecieron encerrados en un inmueble mientras sus familias recibían llamadas telefónicas en las que les exigían 100 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría. El 30 de noviembre de 2024, las víctimas fueron asesinadas mediante asfixia mecánica. Sus cuerpos fueron sepultados en una zona boscosa y de difícil acceso ubicada entre los municipios de Fuente de Oro y San Martín, en el departamento del Meta, dificultando deliberadamente su localización por parte de las autoridades y los familiares que los buscaban.
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación a lo largo de la investigación permitieron identificar a 2 de los presuntos responsables de los hechos. El primero es Ruperto Torres Vivero, quien se habría encargado de coordinar las comunicaciones para presionar a las familias y exigir la entrega del dinero del rescate. La segunda es María Sor Zulma Agrono Valencia, señalada de asumir la logística del crimen y facilitar la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros para recibir y movilizar los recursos del secuestro.
Las capturas se realizaron en diligencias ejecutadas de manera conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Potosí, en Bogotá. La operación evidencia que los integrantes de la red criminal operaban desde la capital del país, coordinando a distancia un crimen que se materializó en los Llanos Orientales. Esta capacidad de actuación transterritorial es una característica recurrente de las organizaciones dedicadas al secuestro extorsivo, que separan deliberadamente la planificación de la ejecución para dificultar las investigaciones.
Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó a los 2 capturados los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de secuestro, utilización ilícita de redes de comunicación, ocultamiento de elemento material probatorio y utilización ilegal de uniformes e insignias. La pluralidad de cargos imputados refleja la complejidad del operativo criminal desplegado contra las 2 víctimas y el nivel de organización que tuvo la red para ejecutar el plan delictivo de principio a fin.
Los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía durante la audiencia de imputación. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, determinando que su libertad representa un riesgo para la sociedad y para el proceso judicial en curso. Esta decisión judicial garantiza que Torres Vivero y Agrono Valencia permanezcan detenidos mientras avanza el proceso penal, impidiendo que puedan obstaculizar la investigación o continuar delinquiendo desde la libertad durante el trámite del caso.
El caso revela la vigencia del secuestro extorsivo como modalidad criminal en algunas regiones de Colombia, especialmente en zonas rurales donde la actividad ganadera y agroindustrial genera flujos de dinero que atraen a organizaciones delictivas. La utilización de negocios legítimos como señuelo para atraer a las víctimas es una táctica que las autoridades han identificado con preocupación creciente en el departamento del Meta y en otras regiones del país con economías extractivas y agropecuarias de mediana y gran escala.
La identificación y captura de los presuntos responsables, casi 17 meses después de ocurridos los hechos, representa un avance significativo de la justicia colombiana en un caso que combinó secuestro, extorsión y homicidio. Sin embargo, la investigación continúa abierta para determinar la totalidad de los integrantes de la red criminal y establecer las responsabilidades de quienes ejecutaron materialmente los crímenes. Las familias de las 2 víctimas esperan que el proceso judicial avance con celeridad hacia condenas que respondan a la gravedad de los hechos ocurridos en noviembre de 2024.
