La diputada de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, denunció públicamente que le fue impedido el ingreso al centro de innovación Sacúdete en el municipio de Girardot. Según la asambleísta, su intención era verificar de primera mano el avance de esta infraestructura, pero el alcalde local restringió su entrada alegando motivos de seguridad y cuestionando su competencia legal para realizar labores de control. Gutiérrez recordó que, durante su gestión como ministra del Interior, se gestionaron más de 12.000 millones de pesos para que este proyecto fuera un centro de formación para los jóvenes.
La denuncia de la diputada coincide con un reciente informe de la Contraloría General de la República que confirma graves anomalías en la ejecución del proyecto. El ente de control ratificó un hallazgo fiscal por cerca de 13.000 millones de pesos, derivado de ineficiencias administrativas y demoras que han puesto en riesgo el patrimonio público. Entre los hallazgos se destaca una adición presupuestal de casi 6.000 millones de pesos y transacciones financieras calificadas como extrañas con el consorcio encargado de la construcción.
Gutiérrez enfatizó que, según la Constitución Política, los diputados tienen la responsabilidad de representar al pueblo y velar por el correcto uso de los recursos del departamento. Para la diputada, el hecho de que se le prohíba el paso a una obra financiada con dineros públicos es una señal de opacidad frente a las fallas técnicas reportadas. La asambleísta cuestionó la viabilidad de que el Sacúdete sea entregado en junio de 2026, dada la magnitud de los retrasos detectados por los organismos de control hoy.
El reporte de la Contraloría indica que, aunque la estructura física tiene un avance significativo, la dotación tecnológica necesaria para su funcionamiento es casi inexistente. Esta falta de equilibrio entre la construcción y el equipamiento ha llevado a calificar el proyecto como un potencial elefante blanco en el departamento de Cundinamarca. El daño patrimonial estimado afecta directamente las oportunidades de formación técnica de miles de jóvenes que esperan utilizar estas instalaciones para su desarrollo profesional y creativo.
La diputada también llamó la atención sobre las transacciones inusuales con el contratista mencionadas en el proceso de auditoría oficial de la nación. Gutiérrez señaló que el incremento constante del presupuesto no se ha traducido en una entrega funcional del Sacúdete, lo que genera serias dudas sobre la gestión de la administración municipal actual. La vigilancia sobre estos recursos es fundamental para evitar que el dinero de los contribuyentes se pierda en procesos de contratación ineficientes y carentes de supervisión real.
Frente a la negativa del alcalde, la diputada reiteró que el control político es una herramienta legítima y necesaria para garantizar la transparencia en la función pública en 2026. Impedir que un representante electo observe el estado de una obra pública podría interpretarse como una obstrucción a las funciones de fiscalización territorial. Gutiérrez aseguró que continuará exigiendo respuestas claras sobre el destino de cada peso invertido en este centro para los habitantes de Girardot y la región.
La situación del Sacúdete se suma a otras preocupaciones regionales sobre la culminación de infraestructuras críticas que presentan sobrecostos elevados en Cundinamarca. La intervención de la Contraloría busca establecer responsabilidades fiscales y disciplinarias para asegurar que la obra sea finalizada y puesta al servicio de la comunidad de manera transparente. Los ciudadanos de Girardot han manifestado su preocupación ante el posible abandono de un proyecto que prometía ser el eje de la innovación local.
A pesar de los impedimentos reportados por Nancy Patricia Gutiérrez, la asamblea departamental mantiene su compromiso de monitorear el cumplimiento de los cronogramas de obra en todo el territorio. La diputada instó a los entes de control a profundizar en las investigaciones para determinar si hubo irregularidades graves en las transacciones mencionadas por la auditoría. La transparencia gubernamental es el único camino para recuperar la confianza de los ciudadanos en los proyectos de impacto social que hoy se encuentran bajo la lupa.
