La exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez lanzó duras críticas contra la administración del presidente Gustavo Petro, acusándola de evadir su responsabilidad frente al incremento desmedido de los avalúos catastrales. Según la analista, el Ejecutivo ha utilizado los acuerdos de paz de 2016 como una excusa para justificar las alzas, sin implementar medidas que mitiguen el impacto económico en los ciudadanos. Gutiérrez sostiene que, tras 3 años de gestión, el Gobierno Nacional ha contado con tiempo suficiente para diseñar mecanismos técnicos que protejan el patrimonio de los hogares colombianos.
En su análisis, Gutiérrez subrayó que el Ejecutivo no ha mostrado voluntad política para aplicar principios de progresividad tributaria y equidad fiscal en el cobro del impuesto predial. Estas herramientas legales son fundamentales para que la carga impositiva sea proporcional a la capacidad real de pago de los propietarios en todo el país. Para la exsenadora, la falta de una solución legislativa evidencia un desinterés por la estabilidad económica de las familias, quienes hoy enfrentan cobros que consideran desproporcionados respecto a sus ingresos actuales.
La analista también denunció que intereses políticos dentro del Congreso de la República han frenado el avance de proyectos correctivos que buscaban aliviar la situación de los contribuyentes. Gutiérrez señaló directamente al Pacto Histórico por no permitir que estas soluciones avanzaran en el Legislativo, sugiriendo que el tema fue bloqueado por no convenir a sus intereses en coyunturas políticas previas. A solo 1 mes de finalizar el actual periodo legislativo, la experta lamenta que el Gobierno Nacional no ceda en su postura técnica.
Gutiérrez calificó de contradictorio que el Gobierno atribuya las críticas de la oposición a intenciones electorales, cuando la inconformidad ciudadana es una realidad palpable en diversas regiones del territorio. La actualización catastral, aunque es un compromiso de Estado, no debería ejecutarse sin considerar la realidad financiera de los contribuyentes afectados. La exsenadora insiste en que delegar la responsabilidad en mandatos locales o administraciones pasadas es una estrategia para eludir la ejecución de reformas que alivien el costo de vida en 2026.
La exsenadora hizo un llamado urgente para que el presidente asuma un rol activo en la revisión de las tarifas vigentes antes de que el impacto social sea irreversible. La falta de una respuesta coordinada entre el Ministerio de Hacienda y las autoridades locales ha generado una incertidumbre jurídica que afecta la inversión inmobiliaria. Gutiérrez recalca que la transparencia en la metodología de valoración es esencial para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas del recaudo y la gestión de la tierra.
Para la analista, la equidad fiscal debe ser el eje de cualquier actualización del catastro multipropósito, evitando que se convierta en una herramienta de presión económica contra la clase media. Las voces de protesta que se escuchan en el país reflejan una desconexión entre las metas de recaudo estatal y la sostenibilidad de la propiedad privada. Gutiérrez propone que se revisen los topes máximos de incremento anual para evitar saltos abruptos en el impuesto predial que pongan en riesgo la permanencia de las familias en sus hogares.
La coyuntura actual exige que el Congreso y el Gobierno Nacional dejen de lado las diferencias ideológicas para priorizar una ley de alivios catastrales efectiva y de aplicación inmediata. Nancy Patricia Gutiérrez advierte que el tiempo se agota y que la inacción del Estado será recordada por los electores como una falta de empatía hacia el bolsillo nacional. La estabilidad de los hogares depende de una decisión política firme que reconozca los errores en la implementación de los ajustes recientes y proponga soluciones técnicas viables.
Finalmente, este debate pone de manifiesto la tensión entre las necesidades de financiación del Estado y el derecho de los ciudadanos a una tributación justa y equitativa. El llamado de la exsenadora resuena en un contexto de alta inflación donde cualquier costo adicional afecta el consumo y el ahorro de los trabajadores. La revisión de los avalúos catastrales seguirá siendo un tema central en la agenda política de los próximos meses. De no haber cambios, la oposición continuará señalando la falta de voluntad del Ejecutivo para resolver este conflicto social.
