El Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución que convoca una nueva subasta de contratación a largo plazo de energía eléctrica, un mecanismo estratégico orientado a garantizar la confiabilidad del sistema, ampliar la participación de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y consolidar una matriz energética más resiliente y baja en carbono. La convocatoria permitirá adjudicar contratos de energía a 15 años con inicio de obligaciones desde 2030, incluyendo productos específicos para energía solar, proyectos híbridos con almacenamiento y suministro en horas críticas de demanda.
La medida responde a alertas identificadas sobre riesgos de cobertura de demanda y creciente exposición del mercado eléctrico colombiano a la volatilidad de precios de bolsa a partir de 2027. Esta situación podría impactar directamente a los usuarios finales en escenarios de estrés climático y fenómenos como El Niño, que han demostrado su capacidad de desestabilizar sistemas energéticos con alta dependencia hídrica. La subasta busca anticipar ese riesgo con contratos de largo plazo que otorguen certidumbre tanto a los inversionistas como a los usuarios del servicio eléctrico en todo el país.
El ministro Edwin Palma fue enfático al señalar la urgencia de superar la improvisación en la planificación energética nacional. “El país necesita dejar atrás la improvisación energética y construir seguridad energética con visión de largo plazo. Esta subasta les abre la puerta a nuevas inversiones en energías limpias, almacenamiento y proyectos híbridos que permitirán proteger a los usuarios frente a la volatilidad tarifaria y garantizar energía firme para el futuro de Colombia”, afirmó el jefe de la cartera, subrayando el carácter estructural de la decisión dentro de la política energética del gobierno nacional.
Uno de los elementos más innovadores del mecanismo es la incorporación por primera vez de productos específicos para proyectos con Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB). Este componente representa un salto cualitativo en la arquitectura del mercado eléctrico colombiano, al reconocer el almacenamiento como tecnología habilitadora de la transición energética. Junto con los esquemas diferenciados para energía solar fotovoltaica y plantas híbridas, el mecanismo busca fortalecer la flexibilidad y estabilidad de un sistema que hoy enfrenta crecientes presiones por la variabilidad climática y la demanda creciente de energía.
El mecanismo también contempla una subasta adicional con inicio en 2035, ampliando el horizonte de planeación energética del país más allá del corto plazo. Esta doble convocatoria —2030 y 2035— refleja una apuesta por construir certidumbre regulatoria de largo aliento, un factor crítico para atraer la inversión privada que Colombia necesita para diversificar su matriz energética. Los generadores, autogeneradores y comercializadores interesados podrán participar en el nuevo esquema, que deberá ser implementado antes del 31 de julio de 2026 según establece la resolución ministerial.
La subasta también avanzará en el cumplimiento de la obligación legal que tienen los comercializadores de incorporar energía proveniente de fuentes renovables dentro de su portafolio de compras. Esta disposición conecta el mecanismo de mercado con los compromisos normativos del sector, creando incentivos concretos para que los actores del sistema eléctrico aceleren su transición hacia fuentes limpias. La alineación entre regulación, mercado y política pública es precisamente uno de los factores que determinará el éxito o el fracaso de esta apuesta estratégica del gobierno colombiano.
El ministro Palma amplió su mensaje con una declaración que resume la visión energética del gobierno. “Estamos construyendo un mercado eléctrico más moderno, más competitivo y alineado con la transición energética justa. Colombia no puede seguir dependiendo de una matriz vulnerable al cambio climático. Necesitamos más sol, más viento, más almacenamiento y más capacidad instalada para garantizar soberanía energética”, afirmó el funcionario. Esta declaración posiciona la subasta no como un trámite técnico sino como una decisión política con implicaciones de largo plazo para el desarrollo del país.
La subasta de energía a largo plazo llega en un momento en que Colombia enfrenta el desafío simultáneo de garantizar seguridad energética, reducir su exposición al riesgo climático y cumplir con sus compromisos de descarbonización. La combinación de contratos a 15 años, tecnologías de almacenamiento y fuentes renovables diversificadas configura una arquitectura de mercado más robusta y menos dependiente de las condiciones hidrológicas que han marcado históricamente la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional. Lo que está en juego es la capacidad del país de controlar su propio destino energético en las próximas décadas.
