En el marco de la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, Claudia López presentó una ambiciosa propuesta para transformar la estructura de la administración pública en Colombia. El eje central de su plan consiste en descentralizar el Departamento Nacional de Planeación (DNP), trasladando su operación técnica directamente a los territorios. La iniciativa busca agrupar a los municipios en subregiones basadas en su geografía económica, eliminando la dependencia histórica de las decisiones tomadas desde la capital del país.
La propuesta técnica pretende que cada grupo de municipios cuente con equipos autónomos y especializados, encargados de estructurar proyectos de inversión sin intermediarios políticos. López enfatizó que este modelo acabará con la necesidad de que alcaldes y gobernadores deban gestionar citas en Bogotá a través de congresistas para obtener avales técnicos. Según la líder política, la planeación debe ser regional, con expertos que conozcan de primera mano las necesidades locales y operen con independencia de las cuotas políticas tradicionales.
Durante su intervención, destacó que no se requiere una tecnocracia nacional centralizada que obligue a los mandatarios locales a solicitar trámites y partidas presupuestales de manera sumisa. Al trasladar el DNP a las regiones, se busca que la estructuración de obras públicas sea más ágil, eficiente y coherente con las realidades territoriales. Esta autonomía técnica es vista como el primer paso hacia una verdadera independencia administrativa que fortalezca el liderazgo de los departamentos frente al poder central ejecutivo.
Además de la reforma administrativa, López se comprometió a radicar una reforma fiscal territorial durante el primer semestre de un eventual mandato. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo fortalecer las finanzas de los municipios y departamentos mediante la devolución de impuestos estratégicos. Entre los tributos mencionados se encuentran el impuesto al carbono, al tabaco y a los licores, recursos que actualmente son gestionados por la nación pero que impactan directamente en las dinámicas de consumo y salud de las regiones.
El plan fiscal también contempla permitir que las alcaldías gestionen puntos adicionales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar proyectos de infraestructura local. Este cambio estructural permitiría a las administraciones territoriales contar con recursos propios de libre destinación para atender urgencias en salud, educación y vías terciarias. Para López, la justicia social en Colombia pasa necesariamente por una redistribución de la riqueza que empodere a las regiones y reduzca la brecha de desigualdad frente a las grandes capitales.
La transparencia es otro pilar fundamental de su propuesta, integrando herramientas tecnológicas para que la ciudadanía participe directamente en la elección de las obras prioritarias. Mediante audiencias públicas digitales, los habitantes de cada subregión podrían vigilar la ejecución de los recursos y denunciar posibles actos de corrupción en tiempo real. Este modelo de vigilancia directa busca que el presupuesto se invierta en lo que la gente realmente necesita, evitando que los recursos terminen desviados por intereses particulares o clientelistas.
Los gobernadores recibieron la propuesta con interés, destacando la necesidad de un nuevo modelo de Estado que reconozca la diversidad geográfica y económica de Colombia. López reiteró que su visión de país se basa en la descentralización efectiva como motor de desarrollo y paz en los territorios históricamente excluidos. La estructuración de proyectos desde la base regional permitiría que las obras tengan un impacto social inmediato y sostenible, mejorando la competitividad de las subregiones en el mercado nacional e internacional.
Como cierre de su presentación, la dirigente aseguró que el fortalecimiento de las finanzas locales es el único camino para garantizar la estabilidad institucional en el largo plazo. La reforma fiscal territorial se proyecta como una de las discusiones legislativas más intensas del 2026, dado que implica un cambio profundo en el recaudo nacional. Con este plan, Claudia López busca posicionarse como la voz de las regiones, promoviendo una administración pública que sea, ante todo, oportuna, transparente y profundamente cercana a la realidad de los ciudadanos colombianos.
