La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Deinner Fabián Alvarado Zalazar, señalado como el principal proveedor y capacitador en tecnología de drones para el ELN. Según las investigaciones, este hombre habría vendido aeronaves no tripuladas a la comisión Ernesto ‘Che’ Guevara, facilitando ataques terroristas en el departamento de Arauca. Los elementos probatorios indican que el procesado no solo entregaba los equipos, sino que entrenaba a los cabecillas en el pilotaje y uso estratégico de estos dispositivos.
Desde marzo de 2022, Alvarado Salazar habría asumido el rol de programador e instructor de Vehículos Aéreos No Tripulados para la estructura guerrillera en mención. Para ocultar sus actividades ilícitas, el capturado utilizaba como fachada un negocio legítimo de comercialización de artículos tecnológicos destinados al riego de agroquímicos. A través de redes sociales, promovía estos servicios legales mientras presuntamente coordinaba de forma clandestina el soporte técnico y logístico para las operaciones violentas del grupo armado ilegal.
La investigación técnica reveló que el capturado diseñó un sofisticado mecanismo de correas adaptado a los drones para sujetar y lanzar artefactos explosivos desde el aire. Esta modalidad criminal fue empleada el pasado 12 de febrero durante un ataque directo contra el Cantón Militar San Jorge, ubicado en Saravena. La acción violenta dejó como saldo dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana heridos y graves daños materiales en las instalaciones, demostrando la alta peligrosidad de estas tácticas.
Además del ataque en Saravena, las autoridades documentaron el uso de estos aparatos para hostigar bases de la Fuerza Pública en el municipio de Puerto Rondón. Los drones también eran operados para realizar labores de inteligencia y vigilancia sobre los desplazamientos de las tropas del Ejército Nacional en zonas rurales. Esta capacidad tecnológica otorgaba al ELN una ventaja táctica para anticipar movimientos militares y ejecutar emboscadas con mayor precisión, poniendo en riesgo constante la vida de los uniformados.
La captura se materializó mediante una diligencia judicial realizada en Saravena, donde los investigadores incautaron diversos artículos tecnológicos que serán analizados para extraer información relevante. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación presentó al implicado ante un juez penal de control de garantías para la legalización de su captura. Durante la audiencia, el ente acusador expuso las evidencias que vinculan directamente al procesado con el soporte logístico prestado a la organización criminal en la región.
Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, dada la gravedad de las acciones documentadas. A pesar de la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados en su contra, el investigado decidió no aceptar los cargos formulados por el despacho judicial. La labor de los peritos en informática forense fue determinante para rastrear las transacciones y comunicaciones que permitieron ubicar al sospechoso tras varios meses de seguimiento.
El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado. La justicia consideró que la libertad de Alvarado Zalazar representaba un riesgo inminente para la seguridad nacional y la integridad de las comunidades en Arauca. El traslado a un centro de reclusión garantiza que no se produzcan nuevas interferencias en el proceso ni se continúe prestando asesoría tecnológica a los grupos armados que operan en la frontera.
Este operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional debilita la capacidad de ataque aéreo remoto de las estructuras ilegales en el oriente del país. El control sobre la venta de drones y sus modificaciones técnicas es ahora una prioridad para las agencias de inteligencia del Estado colombiano. Las autoridades mantienen activos los rastreos para identificar a otros posibles colaboradores que faciliten la entrada de tecnología extranjera para fines bélicos. La vigilancia sobre el comercio electrónico de estos equipos se intensificará durante 2026.
