El Departamento de Policía Cundinamarca informó que el 19 de abril fue capturado en flagrancia Diego Fernando Castro Montoya, de 28 años, en el barrio Santa Elena Baja del municipio de El Colegio, por el delito de violencia contra servidor público agravado. El hecho se produjo cuando uniformados de la Policía Nacional atendían un caso de violencia intrafamiliar en el que el implicado agredía a su compañera sentimental, situación que derivó en una segunda agresión directamente contra una integrante de la institución durante el procedimiento de traslado.
Durante la intervención policial, Castro Montoya asumió una actitud agresiva frente al procedimiento adelantado por los uniformados. Al ser trasladado en vehículo institucional hacia las instalaciones policiales para su identificación, el sujeto agredió físicamente a la comandante de estación, propinándole un golpe en el rostro. Este acto de violencia contra una servidora pública en ejercicio de sus funciones agravó los cargos en su contra y derivó en su captura inmediata en flagrancia por parte de los agentes presentes en el operativo.
El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural, lo que implica su reclusión en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. Esta decisión judicial refleja la gravedad que el sistema penal colombiano le atribuye a los actos de violencia contra servidores públicos, especialmente cuando ocurren en contextos de intervención policial orientada a proteger a víctimas de violencia de género.
El caso evidencia una doble problemática que las autoridades enfrentan con frecuencia en los procedimientos de atención a casos de violencia intrafamiliar. En primer lugar, la resistencia y agresión de los agresores contra los propios uniformados que acuden a proteger a las víctimas. En segundo lugar, el riesgo al que se exponen los policías, y en particular las mujeres policías, cuando intervienen en situaciones de alta tensión emocional donde el agresor no distingue entre la víctima y la autoridad que llega a protegerla dentro del entorno doméstico.
La Policía Nacional rechazó de manera contundente cualquier acto de violencia contra la mujer y reiteró su compromiso con la protección de la integridad de sus uniformados en el departamento de Cundinamarca. Este pronunciamiento institucional busca enviar un mensaje claro tanto a la ciudadanía como a los potenciales agresores: atacar a un servidor público en ejercicio de sus funciones no solo agrava la situación jurídica del implicado, sino que activa una respuesta institucional contundente que no tolera la impunidad en estos casos.
El municipio de El Colegio, ubicado en el occidente de Cundinamarca, es uno de los territorios donde la Policía adelanta labores de vigilancia y atención a casos de violencia intrafamiliar de manera permanente. La respuesta oportuna de los uniformados ante el reporte inicial de agresión contra la compañera sentimental del capturado refleja el protocolo de atención a víctimas de violencia de género que la institución implementa en los municipios del departamento, donde la presencia policial es clave para la protección de las poblaciones más vulnerables.
La medida de aseguramiento intramural dictada por el juez de control de garantías es una señal inequívoca de que la justicia colombiana trata con seriedad los delitos cometidos contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Este tipo de decisiones judiciales tempranas son fundamentales para garantizar que los procesos no se diluyan y que los agresores no puedan obstruir la investigación ni representar un riesgo adicional para las víctimas, los testigos o los propios uniformados que intervinieron en el procedimiento del 19 de abril en El Colegio.
La captura de Castro Montoya cierra un episodio que comenzó como una intervención de rutina ante una denuncia de violencia intrafamiliar y terminó con el agresor respondiendo además por un delito contra la autoridad. Este encadenamiento de hechos es un recordatorio de que la violencia no se detiene sola y que quienes la ejercen tienden a escalar su agresividad cuando perciben cualquier tipo de resistencia, ya sea de su pareja o de las instituciones que llegan a protegerla. La respuesta policial y judicial en este caso fue la correcta.
