El sector de la educación superior privada en Colombia encendió las alertas frente a la implementación del Decreto 0173, una medida que sometería a tributación a las instituciones de educación superior privadas. De acuerdo con representantes académicos, esta decisión podría afectar la sostenibilidad financiera de las universidades y comprometer el acceso a la educación de más de 1,2 millones de estudiantes matriculados en estas instituciones.
La advertencia fue planteada por el padre Harold Castilla Devoz, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), quien aseguró que la medida revela una profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica y social de la educación superior en el país. Según explicó, las instituciones privadas funcionan bajo un modelo sin ánimo de lucro, en el que los excedentes se reinvierten en el fortalecimiento de la calidad académica.
El líder académico señaló que equiparar a las universidades privadas con empresas comerciales desconoce su papel dentro del sistema educativo colombiano. En su concepto, estas instituciones no distribuyen utilidades ni reparten dividendos, sino que destinan los recursos a infraestructura, investigación, bienestar estudiantil, subsidios educativos, innovación tecnológica y expansión de la cobertura en regiones donde la oferta pública es limitada.
El sector advierte que la estabilidad de más de 1,2 millones de estudiantes depende de estructuras financieras que actualmente operan con márgenes operativos reducidos. Una mayor carga tributaria, señalan, podría generar efectos indirectos como la reducción de inversiones en calidad educativa, limitaciones en la expansión territorial o incrementos en los costos de matrícula para las familias.
Uno de los casos más representativos es el de UNIMINUTO, institución con más de 90.000 estudiantes y presencia académica en 52 municipios del país mediante programas presenciales y virtuales. Según sus directivos, el modelo educativo de esta universidad ha permitido ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes de ingresos bajos y medios, especialmente en territorios donde las oportunidades educativas son limitadas.
Castilla Devoz también afirmó que existe una confusión entre los conceptos de ingresos y utilidades dentro del sistema educativo. A su juicio, tratar la educación como una actividad empresarial puede llevar a que se convierta en una variable de ajuste fiscal, ignorando su papel como instrumento fundamental para la movilidad social y el desarrollo de los territorios.
Desde ASCUN se insiste en la necesidad de abrir un espacio de diálogo con el Gobierno nacional antes de la entrada en vigencia del gravamen prevista para el primero de abril. El objetivo, según el sector, es analizar el impacto real de la medida y construir alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad financiera de las instituciones y la continuidad de los procesos educativos.
Finalmente, el sector académico reiteró su disposición a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pero advirtió que cualquier decisión en materia tributaria debe considerar el papel social que cumplen las universidades privadas en el país. Para las instituciones, preservar el equilibrio del sistema mixto de educación superior es clave para garantizar oportunidades de formación a miles de estudiantes en todo el territorio nacional.
