La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició dos investigaciones administrativas por presuntas infracciones al régimen de libre competencia en procesos de contratación pública. Estas actuaciones hacen parte del despliegue institucional para garantizar transparencia y competencia en el sistema de compras públicas del país, un componente clave para la ejecución de políticas públicas y programas sociales financiados con recursos del Estado.
De acuerdo con la entidad, el sistema de contratación pública tiene un papel fundamental en el funcionamiento del Estado, ya que permite desarrollar proyectos de infraestructura, programas sociales y servicios públicos. Según datos citados por la SIC con base en informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2024 cerca del 10,34 % del Producto Interno Bruto de Colombia se canalizó a través del sistema de compras públicas.
La primera investigación está relacionada con una invitación pública adelantada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la política pública de atención integral a la primera infancia “De Cero a Siempre”. La actuación administrativa se inició a partir de una denuncia presentada por el propio ICBF.
En este proceso se busca determinar si dos proponentes, la Fundación Alianza para el Bien Social y la Fundación Sembrando Amor para un Futuro Mejor, habrían coordinado su participación en la convocatoria con el fin de aumentar sus probabilidades de adjudicación. El presunto comportamiento se habría presentado en cinco zonas del Centro Zonal de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, donde el presupuesto oficial del proceso superaba los 17 mil millones de pesos.
La segunda investigación corresponde a una licitación adelantada por el municipio de La Mesa, Cundinamarca, para la ejecución de obras de infraestructura. La actuación se inició tras una denuncia presentada por la Alcaldía municipal, que señaló posibles indicios de un acuerdo anticompetitivo entre tres empresas participantes en el proceso.
Las compañías investigadas en este caso son Lufsacivil S.A.S., Econ Ingeniería S.A.S. y Castro Flórez S.A.S., actualmente denominada Sf Ingeniería S.A.S. Según la SIC, estas empresas habrían coordinado su comportamiento durante el proceso de selección con el propósito de aumentar las probabilidades de adjudicación y asegurar un resultado favorable en beneficio propio.
La entidad destacó la colaboración de las entidades públicas que formularon las denuncias y aportaron información relevante para las investigaciones. Estas acciones se apoyan en herramientas como la Cartilla de Colusiones publicada recientemente por la SIC, que busca facilitar la identificación temprana de posibles prácticas restrictivas de la competencia en procesos de contratación estatal.
Entre febrero de 2024 y la fecha, el despacho de la superintendente Cielo Rusinque ha emitido trece decisiones relacionadas con prácticas anticompetitivas en contratación pública. En estos casos se han sancionado 136 personas, incluidos siete funcionarios públicos, con multas que superan los 66 mil millones de pesos, en un esfuerzo institucional por fortalecer la transparencia y proteger la libre competencia en el sistema de compras públicas del país.
