La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación administrativa contra la empresa que administra la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en Zipaquirá. La actuación busca determinar si se estarían presentando prácticas anticompetitivas relacionadas con la venta atada de servicios turísticos dentro del complejo.
De acuerdo con la entidad, la investigación se centra en la posible comercialización del ingreso al templo mediante paquetes que incluyen servicios adicionales obligatorios. Esta modalidad impediría a los visitantes adquirir únicamente la entrada a la Catedral, limitando su capacidad de elección frente a los servicios ofrecidos.
Según la hipótesis preliminar, la empresa habría implementado un esquema de “pasaportes” que condiciona el acceso al recinto a la compra de servicios complementarios. Entre estos se encuentran visitas guiadas, acceso a internet, ingreso a museos y transporte interno, todos incluidos de manera obligatoria en el tiquete.
La SIC considera que esta práctica podría configurar una posible venta atada, entendida como la imposición de adquirir productos o servicios adicionales para acceder a uno principal. En este caso, el acceso a la Catedral estaría supeditado a la aceptación de servicios que no necesariamente hacen parte esencial de la experiencia del visitante.
Durante la etapa preliminar, la entidad realizó visitas administrativas, formuló requerimientos de información y tomó declaraciones a posibles implicados. Estas acciones buscan recopilar pruebas que permitan establecer si hubo un abuso de posición dominante en el mercado de servicios turísticos en la región.
Uno de los elementos clave en la investigación es que, según las pruebas recaudadas, aproximadamente solo el 50 % de los turistas que adquieren estos paquetes utiliza efectivamente los servicios adicionales. Este dato refuerza la hipótesis de que dichos servicios no serían indispensables para la visita.
La situación podría estar afectando la libertad de elección de los consumidores, quienes tendrían que asumir costos adicionales por servicios que no desean. Esto, según la autoridad, podría generar un incremento injustificado en el valor final del acceso al complejo turístico.
La SIC reiteró que el proceso garantiza el derecho a la defensa de la empresa investigada, la cual podrá presentar descargos, aportar pruebas y solicitar medidas dentro del marco legal correspondiente. La investigación se encuentra en etapa administrativa y no implica, por ahora, una sanción.
Este caso cobra relevancia en un contexto de crecimiento del turismo en Colombia, con millones de visitantes nacionales y extranjeros. La autoridad busca asegurar que este desarrollo se dé en condiciones de competencia leal y respeto por los derechos del consumidor.
Con esta actuación, la Superintendencia reafirma su compromiso con la vigilancia del mercado y la protección de los usuarios. El objetivo es garantizar que los servicios turísticos se ofrezcan bajo principios de transparencia, libre elección y equilibrio en las relaciones de consumo.
