La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exsecretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Michael Oyuela Vargas, por presuntas irregularidades relacionadas con la verificación de requisitos de idoneidad y experiencia de una persona vinculada a la entidad mediante un contrato de prestación de servicios.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que adelanta las indagaciones sobre posibles inconsistencias en el proceso de contratación realizado en 2024. Según el ente de control, se habrían presentado falencias en la elaboración y suscripción de los estudios previos que respaldaron la contratación.
De acuerdo con la información preliminar, el valor del contrato de prestación de servicios para apoyo a la gestión no correspondería al perfil profesional de la persona vinculada. Además, la funcionaria habría presentado un título profesional que, al parecer, fue obtenido de manera irregular, lo que genera dudas sobre la validez de los requisitos aportados para su contratación.
En el marco de la investigación disciplinaria, el Ministerio Público también vinculó al entonces subdirector para el Manejo de Desastres de la entidad, Rafael Enrique Cruz Rodríguez, debido a su posible participación en la elaboración de los documentos que respaldaron el proceso contractual.
Según el organismo de control, Cruz Rodríguez habría suscrito los estudios previos y el certificado de idoneidad y experiencia que fueron presentados como soporte para la vinculación de la funcionaria investigada. Estos documentos son fundamentales dentro de los procesos de contratación estatal para verificar que las personas cumplan con los requisitos exigidos.
La Procuraduría señaló que las irregularidades investigadas se relacionan con la posible validación de un título profesional obtenido de forma presuntamente irregular, lo que habría permitido la contratación de la persona en la entidad sin cumplir plenamente con los criterios establecidos por la normativa vigente.
Con el fin de esclarecer los hechos, el ente de control ordenó la práctica de pruebas documentales dentro del proceso disciplinario. Estas diligencias buscan determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían presentado las presuntas irregularidades en la contratación.
La investigación también pretende establecer si existieron omisiones o actuaciones indebidas por parte de los funcionarios involucrados al momento de revisar los documentos presentados por la contratista y de certificar su idoneidad profesional para el cargo.
Las autoridades disciplinarias reiteraron que el proceso se encuentra en etapa inicial y que la práctica de pruebas permitirá definir si existieron responsabilidades disciplinarias en este caso. Entretanto, la Procuraduría continuará con las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido en la contratación realizada en la UNGRD.
El organismo de control indicó que este tipo de investigaciones hacen parte de sus funciones constitucionales de vigilancia sobre la conducta de los servidores públicos y de control a la contratación estatal para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
