El Ministerio del Interior puso en marcha la ejecución de 60 proyectos del Banco de Proyectos Comunales en su fase III, una estrategia orientada a fortalecer el trabajo de las organizaciones de acción comunal en diferentes regiones del país. Con una inversión de $2.210 millones y el apoyo técnico de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), la iniciativa beneficiará a 39 municipios en 18 departamentos. Estos proyectos buscan atender problemáticas locales identificadas por las propias comunidades, promoviendo la participación ciudadana y el desarrollo territorial desde las bases organizativas que representan las juntas comunales.
La ejecución de estos proyectos se enmarca en el propósito de consolidar a los organismos de acción comunal como actores centrales del desarrollo en los territorios. El viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, destacó que el fortalecimiento de estas organizaciones representa una forma directa de impulsar la democracia participativa en el país. Según explicó, cuando una Junta de Acción Comunal logra acceder a estos recursos, se fortalece la capacidad de las comunidades para incidir en las decisiones públicas que afectan su entorno cotidiano y para orientar la inversión estatal hacia las necesidades más urgentes de cada territorio.
El Banco de Proyectos Comunales fase III busca financiar iniciativas presentadas por juntas, asociaciones, federaciones y confederaciones de acción comunal que planteen soluciones concretas a problemáticas comunitarias. A través de esta estrategia, las organizaciones comunales no solo participan en la formulación de las propuestas, sino que también se convierten en protagonistas de su ejecución mediante convenios solidarios. Este modelo busca garantizar que la inversión pública responda directamente a las prioridades de las comunidades, fortaleciendo la organización social y la autogestión territorial.
La estrategia contempla cinco líneas de financiación diseñadas para atender diferentes necesidades de las organizaciones comunitarias. Estas líneas incluyen el mantenimiento, mejora o adecuación de recintos comunales; la reconstrucción de la memoria y la cultura comunal; iniciativas orientadas a la soberanía alimentaria y al fortalecimiento de unidades productivas; dotaciones para mejorar la gestión de las organizaciones; y proyectos relacionados con la mitigación de riesgos de desastres, el cambio climático y la conservación ambiental. Los proyectos financiados oscilan entre los $25 millones y los $80 millones.
El presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás, destacó que la entidad participa como banca de desarrollo aliada de los territorios, brindando apoyo técnico para la implementación de las iniciativas. Según explicó, estos proyectos tienen un impacto directo en la reactivación de economías locales, la mejora de infraestructuras comunitarias y el fortalecimiento del tejido social. Además, señaló que este tipo de inversiones contribuyen a consolidar la democracia participativa al permitir que las comunidades definan las prioridades de desarrollo en sus propias regiones.
De los 60 proyectos que entran en ejecución, 24 están orientados a dotaciones para organismos comunales, 19 se enfocan en iniciativas de mitigación de riesgos ambientales, seis corresponden a proyectos de soberanía alimentaria, ocho buscan la reconstrucción de la memoria y cultura comunal y tres están destinados al mantenimiento o mejora de casetas comunales. Esta distribución refleja la diversidad de necesidades que enfrentan las comunidades y la capacidad de las organizaciones comunales para diseñar propuestas que respondan a las realidades específicas de sus territorios.
Entre los proyectos que comenzarán a ejecutarse se encuentra el presentado por la Junta de Acción Comunal de la vereda Nemoga, en el sector de Siberia del municipio de Fúquene, en Cundinamarca. La iniciativa está orientada a la dotación de herramientas digitales para fortalecer los procesos de aprendizaje tecnológico dentro de la comunidad. Gracias a esta iniciativa, los habitantes contarán con computadores, impresoras, un video beam y un televisor que permitirán mejorar el acceso a la información y facilitar procesos de alfabetización digital para diferentes grupos poblacionales.
Otra iniciativa destacada corresponde a la Junta de Acción Comunal de Alto Cuembí, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. En esta zona, la comunidad impulsará un proyecto de restauración ambiental mediante la siembra de especies nativas como nacederos y chiparos para recuperar zonas afectadas por actividades agrícolas ilícitas en el pasado. Además de la reforestación, el proyecto contempla la realización de talleres y capacitaciones dirigidas a la comunidad para promover la conservación de humedales y nacederos de agua, fundamentales para el equilibrio del ecosistema local.
La participación comunitaria ha sido un elemento clave durante todo el proceso de formulación de los proyectos. A través de espacios de diálogo, análisis de necesidades y construcción colectiva de soluciones, las comunidades lograron definir metas, presupuestos y estrategias de implementación que responden directamente a sus problemáticas locales. Este proceso permitió fortalecer la organización social y generar consensos sobre las prioridades de desarrollo que requieren las distintas comunidades beneficiadas por el programa.
Los departamentos beneficiados con esta nueva fase del Banco de Proyectos Comunales son Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Córdoba, Nariño, Bolívar, Putumayo, Casanare, Valle del Cauca, Norte de Santander, Tolima, Risaralda, Santander, Caquetá, Boyacá, Meta, Atlántico y Huila. La distribución territorial de los proyectos busca garantizar que distintas regiones del país puedan fortalecer sus procesos organizativos y avanzar en soluciones concretas para sus necesidades comunitarias más urgentes.
Estos proyectos se enmarcan además en la estrategia de economía popular y solidaria impulsada por el Gobierno nacional. A través de este enfoque, se promueve la creación de empleo local, el fortalecimiento de las economías regionales y el aprovechamiento del conocimiento comunitario sobre los territorios. El objetivo es que las propias comunidades ejecuten los proyectos que diseñan, generando así procesos sostenibles de desarrollo local basados en la participación ciudadana y el trabajo colectivo.
