Un juez penal de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas señaladas de integrar una red de corrupción que habría favorecido las actividades de contrabando lideradas por Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Viejo’ o ‘Papá Pitufo’. La decisión se adoptó tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación que busca establecer cómo distintos funcionarios y particulares habrían facilitado el ingreso irregular de mercancías al país mediante el pago de sobornos y la manipulación de controles aduaneros.
Los procesados son el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional: el capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros y los patrulleros retirados José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez. De acuerdo con la Fiscalía, cada uno habría desempeñado funciones específicas dentro de la estructura criminal que operaba para favorecer el contrabando de diferentes mercancías a través de puertos del Caribe colombiano, presuntamente a cambio de pagos ilegales que en la organización eran conocidos como “cachetadas”.
La investigación señala que la red habría contactado a servidores públicos de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el propósito de influir en controles operativos y permitir el ingreso irregular de mercancía. Según los elementos de prueba recopilados, las dádivas entregadas a funcionarios involucrados en estas actividades ilícitas podían alcanzar sumas cercanas a los 300 millones de pesos mensuales, recursos que serían utilizados para garantizar la continuidad del esquema de corrupción y evitar acciones de control que afectaran las operaciones de contrabando.
Dentro de la estructura investigada, Freddy Camilo Gómez Castro habría tenido un papel de articulación política y de relacionamiento con funcionarios de distintas entidades del Estado. La Fiscalía sostiene que el excandidato al Senado promovía reuniones con servidores públicos del orden nacional y territorial, además de realizar acercamientos con uniformados de la POLFA para que influyeran desde sus cargos en favor de los intereses criminales de Marín Buitrago. Asimismo, se le atribuye haber recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar actividades de proselitismo y encuentros políticos.
En el caso del capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros, quien se desempeñó como jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, las autoridades lo señalan de haber direccionado a sus subalternos para permitir la salida de contenedores con mercancía que no contaba con la documentación aduanera requerida. Entre los productos que habrían ingresado irregularmente se encuentran textiles, cigarrillos y otros artículos que posteriormente eran transportados por vía terrestre hacia diferentes ciudades de Colombia, así como hacia Ecuador y Venezuela.
La Fiscalía también le atribuye a Salazar Piñeros haber ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido previamente aprehendida durante operativos realizados en carreteras del departamento del Atlántico. De acuerdo con la investigación, los productos incautados eran trasladados en camiones cuando habrían sido liberados por orden del oficial retirado. Asimismo, se le señala de haber pagado el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo, en Cartagena, para alojar a un mayor que presuntamente haría parte de la misma red de corrupción.
Por su parte, el patrullero retirado José Luis Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar uniformados de la POLFA que podrían ser persuadidos para colaborar con la organización criminal. Según la Fiscalía, su rol también incluía la recolección de dinero entre comerciantes de Cartagena que participaban en el esquema ilegal, recursos que posteriormente serían utilizados para pagar sobornos a funcionarios encargados de los controles aduaneros y policiales.
Las investigaciones también indican que Olaya Caicedo habría participado en el traslado de dinero desde Cartagena hacia Bogotá con el fin de entregar pagos ilícitos a otros servidores públicos vinculados con el funcionamiento de la red. Estas transferencias de dinero habrían permitido mantener activo el esquema de corrupción mediante el cual se aseguraba que determinados contenedores o cargamentos no fueran sometidos a inspecciones rigurosas en los puertos y carreteras del país.
Otro de los procesados, Édgar Humberto Bacca Suárez, habría cumplido funciones directamente relacionadas con el ingreso de mercancía de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. De acuerdo con la Fiscalía, su tarea consistía en identificar agentes aduaneros y propietarios de agencias que pudieran proporcionar información sobre los contenedores que debían evitar controles o aprehensiones. En uno de los episodios investigados, habría entregado 28 millones de pesos al capitán en retiro Salazar Piñeros y 10 millones de pesos a un intendente que actuaba como agente encubierto.
En cuanto a Juan Miguel Jaramillo Mora, conocido con el alias de “Zorro”, la investigación lo señala como el encargado de coordinar la entrega periódica de dinero a los funcionarios captados por la red. Según los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía, Jaramillo Mora habría entregado 34 millones de pesos a un uniformado que realizaba labores investigativas como agente encubierto dentro del caso. Tras su retiro de la Policía Nacional, el procesado habría continuado ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar por patrullero activo.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los cinco procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. En el caso del capitán en retiro Salazar Piñeros se adicionó el delito de tráfico de influencias de servidor público, mientras que a Gómez Castro se le imputó el delito de tráfico de influencias de particulares. Ninguno de los investigados aceptó los cargos durante las audiencias preliminares realizadas ante el juez de control de garantías.
