La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Arturo Figueredo, quien se desempeñaba como inspector sexto de policía en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El funcionario es señalado como el presunto responsable de cometer actos de violencia sexual contra 3 guardas de seguridad. Según el ente acusador, los hechos ocurrieron de manera sistemática al interior de las instalaciones de la propia inspección. La investigación busca determinar el alcance de los abusos cometidos por este servidor público durante los últimos años actuales.
Los casos documentados por las autoridades judiciales tuvieron lugar entre el año 2022 y el 2025 en el ejercicio de sus funciones. Las víctimas acreditadas en el proceso son 3 mujeres de 23, 30 y 42 años, respectivamente, quienes prestaban sus servicios de vigilancia en el recinto. Los relatos indican que las trabajadoras debieron soportar constantes insinuaciones íntimas y agresiones de tipo sexual por parte del procesado. Estos ataques afectaron gravemente la integridad física y emocional de las empleadas en su entorno laboral.
Las denuncias recibidas y los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de una modalidad delictiva basada en la intimidación profesional. Figueredo presuntamente aprovechó el temor de las guardas de vigilancia, así como la posición dominante y de jerarquía que ejercía sobre ellas para someterlas. El funcionario utilizaba su autoridad administrativa para obligar a las víctimas a participar en actos en contra de su voluntad. Estas agresiones se producían frecuentemente durante los turnos de trabajo nocturnos y en horarios de baja afluencia.
En uno de los episodios más graves conocidos por la fiscalía, el inspector habría abusado sexualmente de una de las mujeres bajo su mando directo. El material probatorio sugiere que el procesado creaba un ambiente de coacción donde las víctimas se sentían incapaces de denunciar por miedo a perder sus empleos. El uso de la fuerza y la presión psicológica fueron constantes en el actuar delictivo de Figueredo según los testimonios recolectados por los investigadores del CTI en este mes de marzo.
Una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual, Caivas, de la Seccional Cundinamarca, lideró el proceso de imputación. Al procesado se le atribuyeron formalmente los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento, ambos en concurso de conductas punibles. La fiscalía presentó evidencias técnicas que demuestran la recurrencia de los abusos y el impacto traumático en las 3 mujeres afectadas. La gravedad de los cargos refleja la vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras agredidas.
Durante las audiencias concentradas realizadas este 29 de marzo de 2026, José Arturo Figueredo decidió no aceptar los cargos formulados por el ente de control. A pesar de su negativa, el juez de control de garantías valoró la contundencia de las pruebas presentadas y la posible peligrosidad del sujeto para las víctimas. La defensa del inspector intentó desestimar los testimonios, pero la judicatura mantuvo la firmeza del proceso penal iniciado contra el funcionario público del municipio de Soacha en Cundinamarca.
Por disposición del despacho judicial, el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Para garantizar que no evada la justicia ni se acerque a las denunciantes, se ordenó el monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico de vigilancia. Esta medida busca asegurar la comparecencia del investigado en las siguientes etapas del juicio oral. La administración municipal de Soacha ha iniciado paralelamente un proceso disciplinario para retirar definitivamente al inspector de su cargo administrativo.
La judicialización de este funcionario envía un mensaje claro de protección a las mujeres que laboran en empresas de seguridad privada en el país. Las autoridades instan a otras posibles víctimas de Figueredo a acercarse a las oficinas del Caivas para ampliar las denuncias actuales. El respeto por la dignidad humana debe prevalecer en todas las instituciones del Estado, sin importar el rango de quienes las dirigen. La justicia colombiana continuará vigilante para sancionar cualquier forma de violencia basada en el género y el abuso de autoridad.
