El Gobierno nacional reglamentó el programa Colombia Solar, una estrategia que permitirá a hogares de estratos 1, 2 y 3 generar su propia energía mediante paneles solares, reduciendo su dependencia de subsidios tradicionales. La medida marca un giro en la política energética del país, al priorizar la autogeneración como mecanismo para garantizar acceso y sostenibilidad en el servicio eléctrico.
La iniciativa quedó establecida en la Resolución 40159 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, que fija los lineamientos técnicos, financieros y operativos para su implementación. Con esta normativa, se habilita el desarrollo de soluciones fotovoltaicas tanto individuales como colectivas en distintas regiones del país.
El programa busca transformar el modelo actual, pasando de un esquema centrado en subsidios al consumo hacia uno que promueva la producción de energía en los propios hogares. Esto permitirá que las familias cubran su demanda básica de electricidad mediante fuentes renovables, disminuyendo su vulnerabilidad frente a los costos del servicio.
Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, esta estrategia representa un cambio estructural en la forma como el Estado aborda el acceso a la energía. La apuesta, explicó, es empoderar a los ciudadanos como generadores, en lugar de mantenerlos únicamente como usuarios dependientes de subsidios.
La priorización de beneficiarios se realizará con base en criterios como niveles de pobreza, costo del servicio, condiciones territoriales y potencial de radiación solar. Esto permitirá focalizar la intervención en zonas donde la energía es más costosa o donde existen mayores brechas en el acceso.
Además de ampliar la cobertura energética, el programa busca aliviar la carga fiscal del sistema, reduciendo la presión sobre el Fondo de Subsidios del sector eléctrico. En este sentido, la autogeneración se plantea como una alternativa sostenible tanto para los hogares como para las finanzas públicas.
Uno de los componentes clave de la reglamentación es la definición de esquemas de operación y mantenimiento de largo plazo, que pueden extenderse hasta por 25 años. Esto garantizará la sostenibilidad de los sistemas instalados y la continuidad en la prestación del servicio energético en los hogares beneficiados.
Con esta iniciativa, declarada de interés estratégico nacional, el Gobierno avanza en su meta de consolidar una transición energética con enfoque social. La implementación de tecnologías limpias en sectores vulnerables no solo busca reducir costos, sino también promover un modelo energético más equitativo, sostenible y alineado con los desafíos ambientales del país.
