El Ministerio de Educación Nacional anunció un incremento histórico en los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar, PAE, para la vigencia del año 2026. La inversión del Gobierno central pasó de 1,56 billones en 2022 a cerca de 3 billones de pesos actualmente. Este esfuerzo financiero sin precedentes busca garantizar que 6,2 millones de estudiantes del sistema oficial reciban raciones nutritivas diariamente. El objetivo primordial es alcanzar la universalidad en todo el país.
Con esta asignación presupuestal, 54 Entidades Territoriales Certificadas lograrán la cobertura universal, duplicando la cifra registrada hace cuatro años en el territorio nacional. Regiones como Guainía, Soacha, Malambo, Bolívar, Cartagena y Valledupar se incorporan a este modelo de atención total para sus estudiantes. El presupuesto global del programa, sumando regalías y aportes locales, alcanzará los 7,24 billones de pesos. La meta institucional es llegar al 90,8% de cobertura en toda Colombia.
Sebastián Rivera Ariza, director de la Unidad Alimentos para Aprender, enfatizó que a mayores recursos debe corresponder necesariamente una mayor cobertura efectiva. Por ello, 91 territorios recibirán asignaciones superiores a las del año 2025 para consolidar su operación logística regional. El Gobierno advirtió que no permitirá reducciones en el número de beneficiarios mientras el presupuesto nacional sigue creciendo. El control social y el seguimiento técnico serán fundamentales para asegurar la transparencia hoy.
Una de las estrategias más innovadoras es la entrega de canastas alimentarias durante el receso escolar, bajo la premisa de que el hambre no toma vacaciones. Para el 2026, se proyecta la distribución de 722.000 canastas con una inversión cercana a los 83.700 millones de pesos adicionales. Esta medida beneficiará a estudiantes de 128 municipios que presentan mayores índices de inseguridad alimentaria. El programa protege así el derecho humano a la alimentación permanente.
Entre 2022 y 2025 ya se han entregado más de dos millones quinientas mil canastas en territorios vulnerables, garantizando apoyo nutricional continuo. Este refuerzo es vital para promover la permanencia educativa y evitar la deserción escolar en las zonas rurales más apartadas. La alimentación escolar se consolida como la política pública más importante para reducir la desigualdad social desde la infancia. Los padres de familia celebran que el beneficio no se interrumpa durante las vacaciones.
El incremento de los recursos estará acompañado de rigurosas acciones de auditoría para garantizar que cada peso se traduzca en platos servidos. Las gobernaciones y alcaldías deben optimizar sus procesos de contratación para asegurar la calidad y oportunidad de los insumos entregados. La Unidad de Alimentos para Aprender brindará asistencia técnica constante a los entes territoriales para mejorar los menús ofrecidos. La nutrición balanceada es el motor que impulsa el desarrollo intelectual joven.
El salto presupuestal de 4,33 billones a 7,24 billones de pesos totales refleja un compromiso político real con la educación pública nacional. La expansión histórica del programa permite atender a la población escolar en condiciones de equidad y dignidad humana sin precedentes. Los estudiantes ahora cuentan con una base nutricional sólida que les permite concentrarse mejor en sus actividades académicas diarias. El PAE es hoy un símbolo de las oportunidades que el Estado ofrece.
Finalmente, el Ministerio de Educación reafirma que la alimentación es un derecho fundamental inalienable que el Estado debe garantizar plenamente. La apuesta por la universalidad es un paso definitivo hacia la construcción de una sociedad más justa y saludable para todos. Las niñas, niños y jóvenes colombianos son el centro de esta transformación que prioriza la vida y el bienestar. El 2026 quedará marcado como el año de la revolución alimentaria en las aulas.
