El Gobierno Nacional reiteró su compromiso con la formalización de la minería de pequeña escala, tradicional y de subsistencia, especialmente en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, donde miles de familias dependen de esta actividad para su sustento. Al mismo tiempo, las autoridades insistieron en la necesidad de combatir la extracción ilícita de minerales, una práctica que afecta el ambiente, alimenta economías ilegales y pone en riesgo la estabilidad de los territorios.
Según el Ejecutivo, la subregión del Bajo Cauca enfrenta un desafío estratégico relacionado con la necesidad de avanzar en procesos de formalización minera. Durante años, comunidades locales han encontrado en la minería una fuente de ingresos y desarrollo económico, pero también han sufrido los impactos negativos derivados de la explotación ilegal del oro y de la presencia de economías criminales asociadas.
Como parte de la estrategia de gobernanza territorial, el Gobierno Nacional ha impulsado una ruta diferenciada para facilitar los procesos de formalización minera. Este mecanismo se sustenta en la Resolución 40141 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía, que establece procedimientos más ágiles para que los mineros de pequeña escala puedan regularizar su actividad económica.
Entre 2023 y 2024 se identificaron 3.182 personas en la región que manifestaron interés en iniciar procesos de formalización. Sin embargo, el análisis institucional determinó que 567 de ellas desarrollaban actividades en zonas ambientalmente restringidas o tituladas, por lo que en estos casos el Gobierno ha ofrecido alternativas de reconversión productiva.
De acuerdo con el balance oficial, hasta la fecha se han formalizado 2.242 mineros a través de 32 instrumentos legales. Las autoridades indicaron que los mineros que aún se encuentran en proceso de transición continuarán recibiendo acompañamiento técnico e institucional para que puedan ejercer su actividad dentro del marco legal establecido por el Estado.
Paralelamente, el Gobierno ha intensificado las acciones contra la extracción ilícita de minerales. En lo corrido de 2026, el Ministerio de Defensa ha adelantado siete operativos en los que se han inutilizado 22 dragones y dragas utilizadas para la explotación ilegal, una actividad que suele estar asociada con delitos como la financiación de estructuras criminales y la degradación ambiental.
Las entidades del sector minero y de seguridad también reiteraron su disposición al diálogo con las comunidades y organizaciones sociales. El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa señalaron que los espacios de concertación continuarán siempre que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica y dentro del marco del Estado de derecho.
El Gobierno destacó además que avanza la construcción del distrito minero en la región, proceso que ya cuenta con la concertación de la metodología del plan estratégico con 95 autoridades étnicas del territorio. Con esta iniciativa se busca consolidar una minería legal que contribuya al desarrollo regional, promueva la protección ambiental y fortalezca la transición energética del país.
