El Gobierno nacional presentó el Decreto 0271 de 2026, mediante el cual se crea la Red de Protección Social para recicladores de oficio, una iniciativa que busca cerrar brechas históricas sin afectar la independencia laboral de esta población. La medida entrará en vigencia el 1 de julio de 2026 y establece un modelo que reconoce a los recicladores como trabajadores independientes con acceso a garantías sociales.
La normativa fue construida de manera articulada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Vivienda y el Departamento para la Prosperidad Social. Su objetivo principal es garantizar condiciones dignas para quienes desarrollan actividades de recuperación, transporte y clasificación de residuos aprovechables, reconociendo su papel en la economía ambiental del país y su aporte a la sostenibilidad urbana.
El modelo está dirigido a recicladores que hacen parte de Organizaciones de Recicladores de Oficio y que perciben ingresos inferiores a un salario mínimo mensual. Se trata de una población históricamente excluida de los sistemas de protección social, pese a que la Corte Constitucional ya los había reconocido como sujetos de especial protección en distintas sentencias emitidas en años anteriores.
La Red de Protección Social contempla cuatro componentes principales. En salud, se garantizará la permanencia en el régimen subsidiado y se promoverá la afiliación de quienes aún no cuentan con cobertura. En pensiones, los recicladores podrán acceder al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión o a los Beneficios Económicos Periódicos, con apoyo del Estado para fortalecer su ahorro.
En materia de protección en la vejez, el modelo también articula el acceso al programa Colombia Mayor, permitiendo que esta población pueda contar con ingresos en etapas avanzadas de la vida. Asimismo, en riesgos laborales, las organizaciones deberán afiliar a sus asociados a una Administradora de Riesgos Laborales, garantizando cobertura ante posibles accidentes derivados de la actividad.
Uno de los aspectos clave del decreto es el esquema de financiación, que no recaerá directamente sobre los ingresos de los recicladores. Los recursos provendrán de la tarifa de aprovechamiento del servicio público de aseo y de las actividades comerciales de las organizaciones, evitando descuentos que afecten el sustento económico de quienes desarrollan esta labor en el país.
Las Organizaciones de Recicladores de Oficio tendrán un rol central en la implementación del modelo, al ser las encargadas de articular la actividad y gestionar los procesos de afiliación. De igual forma, las entidades territoriales deberán actualizar los censos de recicladores, facilitar su acceso a servicios y reportar la información necesaria para la operación de los distintos programas incluidos.
El Gobierno nacional destacó que este decreto representa un avance estructural en el reconocimiento de los recicladores, al garantizar protección social sin imponer esquemas laborales formales. La apuesta es que esta política se traduzca en mejores condiciones de vida para miles de personas que han sostenido el reciclaje en Colombia, contribuyendo al desarrollo ambiental y social del país.
