El Ministerio de Educación Nacional anunció medidas para proteger el sistema educativo en la subregión del Catatumbo, tras la Misión Humanitaria por el derecho a la educación. Entre las decisiones se destaca la estabilidad temporal de la planta docente en los municipios más afectados por el conflicto armado, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio mientras se reorganiza la oferta educativa según las condiciones del territorio.
La medida cobija a docentes y directivos docentes de ocho municipios, permitiendo mantener la prestación educativa en medio de contextos de violencia y desplazamiento. Esta acción busca evitar interrupciones en el calendario escolar y asegurar que niñas, niños y jóvenes continúen su proceso formativo en condiciones mínimas de estabilidad institucional.
Durante el cierre de la misión, realizado en El Tarra, se definieron compromisos prioritarios como la atención educativa para estudiantes desplazados de zonas como Filo Gringo. También se avanzó en la puesta en funcionamiento de aulas del modelo colegio–tienda–universidad, una iniciativa que busca ampliar la cobertura en educación media y superior en el territorio.
Uno de los resultados clave será la construcción de un informe interinstitucional liderado por el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría de Educación de Norte de Santander, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Este documento servirá como hoja de ruta para orientar la acción estatal en la región.
En materia de educación superior, se presentaron avances en la creación de la Universidad Nacional del Catatumbo, un proyecto estratégico liderado por la Agencia de Renovación del Territorio. Actualmente se desarrollan estudios de factibilidad en articulación con la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Industrial de Santander, mientras el proyecto de ley continúa su trámite en el Congreso.
De manera paralela, el Ministerio avanza en el fortalecimiento de la oferta académica con una inversión superior a $2.700 millones en dotación educativa. Estos recursos están destinados a mobiliario, equipos tecnológicos y materiales pedagógicos, enfocados en programas que respondan a las necesidades productivas de la región.
En infraestructura, el Gobierno destina más de $96.774 millones para obras de construcción, ampliación y mejoramiento de sedes educativas en municipios como Tibú, El Tarra y Convención. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de acceso y permanencia escolar, así como fortalecer la calidad educativa en zonas rurales y urbanas afectadas por el conflicto.
Entre los proyectos destacados en El Tarra se encuentra la construcción de infraestructura modular con 11 aulas, biblioteca, laboratorios, espacios administrativos y zonas recreativas. También se adelantan mejoras en instituciones educativas rurales, incluyendo adecuaciones de aulas, cerramientos y cubiertas para garantizar entornos seguros y adecuados para el aprendizaje.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la educación en territorios históricamente afectados por la violencia. La combinación de estabilidad docente, inversión en infraestructura y fortalecimiento institucional busca garantizar el derecho a la educación y contribuir a la construcción de oportunidades para las comunidades del Catatumbo.
