La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público. La decisión fue adoptada tras una investigación relacionada con la supuesta intervención del funcionario para favorecer a un particular en la asignación de un proyecto gasífero en el departamento de La Guajira.
De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indican que Roa Barragán, en ejercicio de su cargo, habría ordenado en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024 al presidente de una empresa filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas.
Según la investigación, esta instrucción habría sido emitida directamente al responsable de la filial encargada de evaluar y estructurar la iniciativa energética. El proyecto estaba orientado a desarrollar procesos de gasificación en La Guajira, una región estratégica para el sector energético del país.
La Fiscalía señaló que, en atención a esa directriz, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió en enero de 2025 una propuesta comercial presentada por la empresa vinculada al particular mencionado en el proceso. Posteriormente, la compañía aceptó iniciar un memorando de negociación para avanzar en el análisis del proyecto.
Durante ese proceso se realizaron visitas técnicas y otras actuaciones preliminares orientadas a evaluar la viabilidad de la iniciativa. Sin embargo, el contrato finalmente no se concretó debido a la suspensión del proyecto, lo que impidió que se materializara la adjudicación del negocio.
La investigación también señala que la presunta intervención del presidente de Ecopetrol estaría relacionada con un interés personal vinculado a la compra de un apartamento ubicado en el norte de Bogotá. Según el ente acusador, el inmueble habría sido vendido por la misma persona que se buscaba beneficiar con el proyecto de gasificación.
De acuerdo con la Fiscalía, la transacción se habría realizado a través de una inmobiliaria y por un valor inferior al precio comercial del mercado. Además, el negocio habría incluido facilidades de pago en cuotas y sin intereses, condiciones que hacen parte de los elementos analizados dentro de la investigación.
Durante la audiencia correspondiente, el presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo de tráfico de influencias formulado por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. El proceso judicial continuará ahora en las etapas procesales previstas por la legislación penal colombiana.
