El presidente Gustavo Petro se refirió al fallo del Consejo de Estado que ordena expedir en un plazo de ocho días un decreto que establezca un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo para 2026. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que respetará la decisión judicial, aunque afirmó que las actuaciones del Gobierno se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la Constitución.
El jefe de Estado indicó que el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación con los sectores involucrados, en atención a la decisión del alto tribunal. Según explicó, el encuentro se realizará teniendo en cuenta las más recientes mediciones económicas y estudios sobre la incidencia del salario vital en los precios, particularmente en productos de la canasta alimentaria.
El mandatario señaló que en la discusión también deberá analizarse el impacto del aumento de las tasas de interés sobre el empleo, el déficit y el comportamiento general de los precios en el país. A su juicio, estos factores forman parte del contexto macroeconómico que debe considerarse antes de adoptar decisiones definitivas en materia salarial y de política económica.
Además, solicitó convocar a instancias de coordinación con movimientos sociales para evaluar el alcance del fallo y el contenido del nuevo decreto que deberá expedirse. La intención, según expresó, es abrir un espacio de deliberación sobre los efectos sociales de la medida y su relación con el poder adquisitivo de los trabajadores en el escenario económico actual.
En su pronunciamiento, el presidente sostuvo que el decreto de salario vital previamente expedido por el Gobierno se ajusta a los criterios establecidos por la Constitución y a las variables económicas exigidas por la normativa vigente. Indicó que la política salarial debe orientarse a evitar el deterioro del ingreso real de los trabajadores y a proteger su capacidad de compra frente a la inflación.
El mandatario advirtió que la suspensión de medidas relacionadas con el salario podría afectar, en su interpretación, el equilibrio entre las competencias institucionales y los derechos laborales consagrados en la Constitución. En ese sentido, señaló que la discusión trasciende el ámbito jurídico y tiene implicaciones sociales y económicas que requieren un análisis integral por parte de las autoridades y los actores involucrados.
También manifestó que decisiones sobre el nivel de ingresos laborales pueden incidir en la demanda interna, especialmente en el consumo de alimentos básicos, lo que —según su planteamiento— tendría efectos sobre la dinámica económica y el bienestar de los hogares más vulnerables. Por ello, insistió en que cualquier determinación debe evaluar sus consecuencias sobre el empleo, la producción y la seguridad alimentaria.
Finalmente, el presidente reiteró su llamado a avanzar en un pacto social que permita conciliar intereses económicos y sociales alrededor del trabajo, la productividad y la estabilidad del país. El Gobierno, afirmó, mantiene la disposición de construir acuerdos que garanticen la protección del ingreso de los trabajadores y la sostenibilidad de la economía dentro del marco institucional vigente.
