El Ministerio de Educación Nacional expresó su rechazo categórico ante el atentado con mina antipersonal ocurrido en la vereda Miramonte, en Tibú, Norte de Santander, que dejó gravemente herida a una madre de familia y a sus dos hijos, estudiantes de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia. La entidad calificó el hecho como una grave vulneración a la vida, la integridad de la población civil y el derecho fundamental a la educación.
La cartera educativa manifestó su solidaridad con las víctimas, quienes enfrentan las consecuencias físicas y emocionales del ataque. Los menores, de 9 y 10 años, cursan grados de primaria y forman parte activa de la comunidad escolar afectada por este hecho, que enluta a la región y genera preocupación por las condiciones de seguridad en los entornos educativos rurales.
Desde el momento en que se conoció la situación, el Ministerio activó los protocolos institucionales y dio aviso a las instancias competentes para poner en marcha la ruta de atención a víctimas. De manera paralela, se inició la gestión de acciones pedagógicas orientadas a la prevención y sensibilización sobre el riesgo de minas antipersonal en la comunidad.
La entidad reiteró el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario, que otorga protección especial a las escuelas y a los espacios destinados a la enseñanza, incluso cuando se habilitan de manera provisional en contextos de emergencia. Estos lugares son considerados bienes civiles y deben permanecer al margen de cualquier acción violenta.
Asimismo, recordó que la instalación de artefactos explosivos en caminos de acceso a centros educativos constituye una infracción grave a los principios humanitarios, en particular al principio de distinción, que obliga a proteger a la población civil y garantizar que los entornos escolares no sean convertidos en escenarios de riesgo.
En el marco de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar, el Ministerio adelanta un trabajo interinstitucional para asegurar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan continuar sus procesos educativos en condiciones seguras, aún en territorios afectados por situaciones de violencia o vulnerabilidad.
La institución hizo un llamado a la comunidad educativa y a las autoridades locales a fortalecer las acciones de prevención, promover estrategias de educación en el riesgo de minas y acompañar los procesos pedagógicos que permitan proteger a estudiantes, docentes y familias frente a estas amenazas.
El Ministerio reafirmó que la educación integrar solo es posible en entornos seguros y subrayó que las escuelas deben ser reconocidas como espacios de paz. En ese sentido, insistió en la necesidad de garantizar que cada camino hacia la escuela sea un trayecto protegido, donde aprender no implique ningún riesgo para la vida.
