La seguridad del suministro energético confiable y asequible dejó de ser un asunto estrictamente económico para convertirse en una prioridad estratégica de los Estados. En un escenario global marcado por tensiones geopolíticas, transición energética y transformación digital, garantizar el acceso estable a la energía ya no se mide solo en costos, sino en resiliencia, autonomía y capacidad de respuesta ante crisis. La discusión contemporánea se centra en cómo asegurar fuentes diversificadas que sostengan tanto el crecimiento industrial como la estabilidad social.
En este nuevo tablero internacional, materiales como el cobre y las llamadas tierras raras comienzan a ocupar el lugar simbólico que durante décadas tuvieron el petróleo o el oro. Son insumos indispensables para tecnologías de electrificación, redes inteligentes, movilidad eléctrica, infraestructura digital y sistemas de defensa. Su creciente demanda los posiciona como activos estratégicos de la economía del siglo XXI, en un contexto donde la transición energética depende tanto de la innovación tecnológica como del acceso físico a estos recursos.
El académico Andrés Schuschny, docente de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), advierte que el mundo no se dirige hacia una sustitución inmediata de los hidrocarburos, sino hacia un modelo híbrido en el que convivirán energías tradicionales y minerales críticos. Según su análisis, los combustibles fósiles continuarán siendo necesarios para dar estabilidad a los sistemas eléctricos, mientras los nuevos materiales permitirán expandir la digitalización, la automatización industrial y la movilidad sostenible.
El cobre aparece como el eje estructural de esta transformación. Más allá de su papel en vehículos eléctricos o telecomunicaciones, su utilización se extiende a infraestructuras militares, sistemas de almacenamiento energético y redes de transmisión, lo que lo convierte en un componente central del nuevo paradigma tecnológico y de seguridad. La electrificación global, en esencia, es también una historia de cables, conductividad y materiales capaces de sostenerla.
Por su parte, las tierras raras procesadas constituyen un cuello de botella estratégico. Estos elementos son esenciales para la fabricación de imanes de alta potencia utilizados en aerogeneradores, motores eléctricos, drones, robótica y dispositivos electrónicos avanzados. Sin ellas, la transición hacia energías limpias y economías digitalizadas simplemente no podría materializarse, lo que aumenta la competencia internacional por su acceso, procesamiento y control tecnológico.
A diferencia de lo ocurrido con el petróleo en los años setenta, la posibilidad de una cartelización global de estos recursos enfrenta mayores dificultades. La dispersión geográfica de los yacimientos, los distintos costos de extracción y la necesidad de contratos de largo plazo hacen más compleja la coordinación entre países productores. Esta fragmentación introduce un escenario menos predecible, donde la cooperación convive con rivalidades comerciales y tecnológicas.
El desafío no es únicamente garantizar disponibilidad, sino evitar que la transición energética genere una “inflación verde” que encarezca la producción industrial y afecte la competitividad económica. Experiencias recientes en Europa muestran que decisiones aceleradas en política energética pueden traducirse en sistemas más costosos, obligando a los países a replantear estrategias con un enfoque más pragmático y gradual.
En este contexto, la llamada “diplomacia del subsuelo” resume una realidad emergente: la agenda climática, la seguridad energética y la geopolítica están cada vez más entrelazadas. La transición hacia economías bajas en carbono no elimina la disputa por los recursos, sino que la transforma. El poder ya no se mide solo en reservas de petróleo, sino en la capacidad de asegurar minerales críticos, tecnología y cadenas de suministro que sostendrán la economía global en las próximas décadas.
