El Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pusieron en marcha una estrategia conjunta de inspección, vigilancia y control para asegurar que la reducción de $500 por galón en la Gasolina Motor Corriente se refleje en el precio final al consumidor en todo el país, luego de que la medida entrara en vigencia el pasado primero de febrero.
La acción institucional responde al seguimiento técnico que evidencia traslados parciales de la rebaja en varias ciudades y rezagos en distintos municipios. El Gobierno nacional busca que el beneficio llegue de forma plena a los usuarios, evitando distorsiones en la cadena de comercialización y prácticas que retrasen o diluyan el impacto de la decisión sobre el bolsillo de los consumidores.
Durante un encuentro entre ambas entidades, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, subrayó que la medida hace parte de una política pública orientada a proteger la economía de los hogares y que su cumplimiento es obligatorio para todos los agentes del mercado. Recalcó que la reducción del ingreso al productor debe trasladarse al precio final sin dilaciones injustificadas.
De acuerdo con el balance oficial, con corte al 4 de febrero en cerca de 25 ciudades principales la reducción observada ronda los $300 por galón, lo que indica un traslado incompleto. En contraste, en la mayoría de los más de 1.100 municipios del país no existirían condiciones económicas que justifiquen diferir la aplicación total de la rebaja.
Frente a este panorama, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció el despliegue de operativos de verificación en todo el territorio, con énfasis en zonas donde se han identificado posibles inconsistencias o se han recibido denuncias ciudadanas. La entidad revisará precios, facturación, inventarios y la coherencia de los argumentos presentados por estaciones de servicio.
La SIC recordó que cualquier ajuste gradual asociado a inventarios solo puede ser transitorio y debidamente sustentado, pero no convertirse en una práctica generalizada que impida que la reducción se vea reflejada con rapidez. El incumplimiento podría dar lugar a investigaciones administrativas por presuntas afectaciones a los derechos de los consumidores.
El plan de control contempla acciones coordinadas, intercambio de información y visitas de inspección para verificar que los valores exhibidos en tableros, surtidores y sistemas de facturación correspondan a los precios máximos oficiales vigentes. Las autoridades buscan evitar cobros encubiertos, valores intermedios o mecanismos que distorsionen la medida adoptada.
Finalmente, las entidades hicieron un llamado a la ciudadanía para ejercer control social y reportar posibles irregularidades. La colaboración de los usuarios es considerada clave para que la reducción de la gasolina se aplique de manera efectiva y oportuna, consolidando un esquema de vigilancia que combine la acción estatal con la participación de los consumidores.
