El Ministerio de Educación Nacional de Colombia emitió lineamientos para que secretarías, colegios e instituciones de educación superior activen medidas de gestión del riesgo ante la primera temporada de lluvias de 2026. La directriz se enmarca en la Resolución 06519 de 2025 y busca proteger la vida de la comunidad educativa, así como asegurar la continuidad del servicio en condiciones seguras frente a eventos como inundaciones, deslizamientos y afectaciones en vías de acceso.
Las acciones deberán implementarse mediante los Comités Territoriales de Gestión del Riesgo Escolar y las Mesas Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, instancias llamadas a coordinar la respuesta local. El enfoque combina prevención, reducción del riesgo y manejo de emergencias, con especial atención a zonas expuestas a lluvias intensas, vientos, oleaje en costas y crecientes súbitas que puedan comprometer infraestructura educativa.
En la fase de conocimiento del riesgo, se pide verificar boletines del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de articularse con consejos territoriales de gestión del riesgo. Las instituciones deberán identificar sedes vulnerables, evaluar impactos potenciales —como daños en techos, agua o accesos— y fortalecer la capacitación en evacuación, primeros auxilios y protocolos de respuesta.
En reducción del riesgo, se recomienda aplicar las orientaciones técnicas de las autoridades, monitorear caudales de ríos cercanos, consolidar inventarios de recursos físicos y humanos, y adelantar mantenimiento preventivo. También se promueve la participación en simulacros y ajustes a estrategias de permanencia escolar, de modo que la prestación del servicio pueda sostenerse aun cuando se presenten contingencias climáticas.
El componente de manejo de desastres prioriza la Estrategia de Educación en Emergencias, con cinco ejes: acceso, ambientes de aprendizaje, flexibilización curricular, recursos humanos y gestión político-administrativa. En acceso, se prevén adaptaciones de transporte, reintegración de estudiantes en riesgo de deserción y ajustes al Programa de Alimentación Escolar para mitigar impactos de inseguridad alimentaria.
En ambientes de aprendizaje, se plantea habilitar espacios temporales seguros, distribuir guías y kits escolares, y reforzar el acompañamiento psicoemocional para estudiantes y docentes. La flexibilización curricular permitirá priorizar contenidos esenciales y metodologías ajustadas al contexto, junto con mecanismos de evaluación más flexibles que reconozcan las condiciones particulares de cada territorio afectado.
Respecto a recursos humanos, se contempla redistribuir docentes, suplir vacantes en zonas impactadas y capacitar en enseñanza en contextos de emergencia y apoyo psicosocial. En el plano político-administrativo, las entidades territoriales podrán expedir lineamientos y actos administrativos que faciliten respuestas rápidas, articuladas con los planes territoriales de gestión del riesgo escolar.
Para las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, se habilita el uso de tecnologías de información para continuar actividades académicas cuando sea posible. Las prácticas presenciales que deban suspenderse podrán reprogramarse, y no se requiere autorización previa del Ministerio para medidas temporales, aunque sí se debe informar a la Dirección de Calidad para la Educación Superior para efectos de seguimiento.
