Un análisis técnico de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA) encendió las alarmas sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Aunque los recursos nacionales han aumentado de manera sostenida desde 2022, la cobertura en varios territorios ha disminuido. La entidad concluye que el principal problema no es la falta de financiación, sino fallas de gestión territorial, planeación deficiente y debilidades en la ejecución.
Entre 2022 y 2026, los aportes de la Nación al PAE pasaron de 1,5 billones a 3 billones de pesos constantes, lo que representa un incremento del 190%. Sin embargo, en diversas Entidades Territoriales Certificadas (ETC) el número de estudiantes beneficiarios cayó de forma desproporcionada frente a la variación de la matrícula. En algunos casos, la cobertura se redujo incluso cuando el total de estudiantes también disminuyó, lo que evidencia problemas administrativos y de priorización.
La UApA identificó que en más de 55 ETC, entre ellas Villavicencio, Atlántico, Huila, Neiva, Yumbo, Tunja, Cali, Pasto, Bogotá, Cundinamarca, Barranquilla, Buenaventura y Antioquia, la cobertura del PAE cayó entre 13% y 43% entre 2022 y 2025. Estas reducciones no se explican solo por cambios demográficos, sino por decisiones de gestión local. En 2023 el programa alcanzó más de 5,9 millones de beneficiarios, mientras que posteriormente la cifra bajó.
El informe también muestra contrastes positivos. ETC como La Guajira, Vichada, Armenia, Chocó, Tolima, Medellín, Risaralda, Santa Marta, Manizales, Casanare y Pereira lograron aumentos de cobertura entre 13% y 83% en el mismo periodo. Estos resultados demuestran que, con adecuada planeación, focalización y uso eficiente de los recursos, es posible ampliar la atención incluso en contextos de reducción o estancamiento de la matrícula escolar oficial.
Desde el Gobierno Nacional se reiteró que la niñez es prioridad y que el incremento de recursos irá acompañado de mayor seguimiento, control y acompañamiento a las ETC. El Ministerio de Educación, a través de la UApA, anunció que será más exigente en la verificación de la ejecución, con el objetivo de garantizar que los recursos destinados al PAE se traduzcan efectivamente en alimentación escolar oportuna, de calidad y con transparencia.
Otro hallazgo clave es la disminución de contrapartidas territoriales. Entre 2024 y 2025, mientras la Nación aumentó su aporte, 28 gobernaciones y alcaldías redujeron más de 200.000 millones de pesos de recursos propios y complementarios, incluidas regalías. Esta reducción impacta la bolsa total del programa y limita la posibilidad de sostener y ampliar la cobertura. La UApA advierte que la corresponsabilidad territorial es determinante para el éxito del PAE.
Las consecuencias ya se reflejan en las instituciones educativas. Con corte al 6 de febrero, 526.930 estudiantes de 14 ETC no recibieron el complemento alimentario. La situación es especialmente crítica en territorios con alta población indígena como Buenaventura, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Quibdó y Valledupar. En Cesar y Magdalena la operación no ha iniciado, afectando a 245.699 niñas y niños que siguen sin atención alimentaria escolar.
La UApA concluye que más recursos no garantizan mayor cobertura si no hay gestión eficiente. Factores como aumento del costo por ración, fallas contractuales, reducción de días de atención y problemas de focalización afectan el alcance del programa. El Gobierno reiteró que proteger los recursos públicos y asegurar la alimentación escolar es una obligación prioritaria, pues cada día sin atención impacta directamente el bienestar y el derecho a la educación de la niñez.
