La salud mental dejó de ser un lujo silencioso para convertirse en un derecho con respaldo legal en Colombia. Durante años, miles de familias debieron elegir entre pagar un psicólogo o cubrir otras necesidades básicas. Hoy el país cuenta con la Ley 2460 de 2025, una norma que reconoce la atención emocional como parte esencial de la salud pública. Esta transformación no es simbólica: tiene presupuesto asignado, estructura institucional y una hoja de ruta para su aplicación.
La ley nació de más de una década de trabajo técnico y concertación con expertos, organizaciones sociales y comunidades. Fue aprobada con respaldo unánime en el Congreso y ahora está en etapa de implementación nacional. Sin embargo, en medio del clima político, algunas propuestas se presentan como novedades cuando ya están contempladas en la norma. Por eso resulta clave explicar de manera clara qué cambia realmente para las familias, especialmente aquellas afiliadas al Sisbén o en condición de vulnerabilidad.
El principal giro es que la salud mental pasa de la teoría a la práctica. La ley creó una subcuenta exclusiva en el presupuesto nacional destinada a financiar programas, servicios y personal especializado. Además, el Ministerio de Salud cuenta ahora con una Dirección de Salud Mental encargada de coordinar acciones en todo el territorio. Esto significa que no se trata de buenas intenciones, sino de recursos asegurados y responsabilidades institucionales claras para hacer cumplir la política.
Para las familias, la pregunta central es concreta: ¿cómo se traduce esta ley en beneficios cotidianos? La respuesta abarca colegios, hospitales, hogares, empresas y entornos digitales. La norma no solo amplía servicios clínicos, también fortalece la prevención, la educación emocional y el acompañamiento comunitario. Es una apuesta por cuidar la mente desde la infancia hasta la adultez, con enfoque en jóvenes, poblaciones rurales y grupos históricamente excluidos, reduciendo brechas de acceso en todo el país.
Uno de los cambios más significativos es el acceso directo a psicólogos sin remisión médica previa. Antes, muchas personas debían esperar meses para que un médico general autorizara la atención psicológica. Hoy cualquier usuario puede solicitar cita directamente ante su EPS o IPS. Esta medida elimina una barrera histórica y permite intervenir a tiempo casos de ansiedad, depresión u otras señales tempranas, evitando que las situaciones escalen por falta de acompañamiento profesional oportuno.
Los colegios también se convierten en escenarios clave de atención. La ley ordena crear comités de salud mental escolar, realizar tamizajes periódicos y articularse con el sector salud. Si un estudiante presenta señales de alerta emocional, la institución podrá activar rutas de apoyo junto con las familias. Además, se incorporan contenidos de educación socioemocional desde la primera infancia hasta la universidad, promoviendo habilidades para la vida, manejo de emociones y prevención de riesgos psicosociales.
La juventud entre 14 y 28 años fue declarada población prioritaria. El sistema deberá ofrecer atención preferente y preventiva frente a problemáticas como depresión juvenil, consumo de sustancias y riesgo suicida. Se implementarán protocolos de detección temprana y líneas de atención en crisis. Para muchas familias, esto representa una red de apoyo que antes no existía, donde la intervención oportuna puede marcar la diferencia entre la recuperación y desenlaces trágicos que afectan a toda la comunidad.
La ley reconoce también el papel de madres, padres y cuidadores. Por ello impulsa Escuelas para Padres integradas al sistema educativo, donde se abordarán temas de crianza positiva, comunicación y manejo del estrés familiar. Las EPS deberán brindar apoyo psicosocial a quienes cuidan personas con enfermedades mentales. Esta visión entiende que la familia también necesita orientación y respiro, fortaleciendo redes comunitarias capaces de ofrecer primeros auxilios psicológicos mientras llega la atención especializada.
La cobertura territorial es otro eje central. Se ordena llevar servicios de salud mental a zonas rurales y vulnerables mediante contratación de personal, telepsicología y brigadas móviles. También se prioriza a víctimas del conflicto, población carcelaria, comunidades indígenas y personas LGBTIQ+. Incluso se contemplan rutas de orientación para colombianos en el exterior. El mensaje es claro: ningún ciudadano debe quedar sin apoyo emocional por razones geográficas o sociales.
Para sostener esta estructura se creó una Red Nacional de Salud Mental que integra sector público, privado y academia. Universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales trabajan coordinadamente bajo liderazgo del Ministerio de Salud. Además, Colombia obtuvo un préstamo internacional exclusivo para fortalecer este campo, complementando los recursos nacionales. Esta arquitectura institucional busca garantizar continuidad más allá de gobiernos, consolidando una política de Estado con bases técnicas y financieras sólidas.
El entorno laboral también entra en la ecuación. Empleadores deberán prevenir riesgos psicosociales, acoso y sobrecarga laboral. Las ARL tendrán responsabilidades más estrictas en evaluación y acompañamiento. Se promueven ambientes de trabajo saludables, con especial atención a poblaciones vulnerables. Asimismo, octubre fue declarado Mes de la Salud Mental, impulsando campañas en empresas y comunidades. El objetivo es que el bienestar emocional deje de ser un asunto privado y se asuma como parte de la dignidad laboral.
Las campañas masivas de sensibilización son otro pilar. Gobierno y territorios deberán difundir contenidos pedagógicos en medios y redes sociales para derribar estigmas y orientar sobre rutas de atención. Hablar de salud mental debe ser tan natural como hablar de salud física. Además, la ley introduce responsabilidades para plataformas digitales, como advertencias en contenidos sensibles y educación sobre uso responsable. La protección emocional también se extiende al mundo virtual donde interactúan niños y jóvenes.
En conjunto, la Ley 2460 de 2025 configura una política estructural que impacta la vida diaria de millones de familias. No es un eslogan, sino un sistema con recursos, instituciones y acciones concretas. Representa la posibilidad de que la ayuda profesional llegue a tiempo, de que la prevención se integre a la educación y de que las comunidades participen activamente en el cuidado emocional. Es una apuesta por una sociedad más empática, informada y solidaria.
El reto ahora es su implementación rigurosa. Autoridades locales deberán ejecutar presupuestos, fortalecer equipos y garantizar presencia en territorios. La ciudadanía, por su parte, debe conocer sus derechos y exigir su cumplimiento. La salud mental no puede depender de coyunturas políticas, sino de compromiso sostenido. Lo que está en juego no son cifras, sino vidas, relaciones familiares y oportunidades de futuro para niños, jóvenes y adultos en todo el país.
Cuidar la salud mental es cuidar el tejido social. La ley ofrece herramientas para prevenir sufrimientos evitables, apoyar a quienes atraviesan crisis y construir entornos más humanos. Estado, escuelas, empresas, medios y familias comparten esta responsabilidad. La invitación es a apropiarse de esta política pública, defender su continuidad y participar activamente en su desarrollo. De ello depende que la promesa de bienestar emocional se convierta en una realidad palpable para cada hogar colombiano.
Columna de. Olga Lucía Velásquez - Representante a la Cámara
Sección
Columnas
