El hurto de energía y de infraestructura eléctrica se consolidó como uno de los principales desafíos operativos para Enel Colombia durante 2025. La compañía reportó 28.290 casos asociados a conexiones ilegales, manipulación de medidores y robo de materiales en Bogotá y Cundinamarca, situaciones que afectan la calidad del servicio, incrementan los costos de operación y generan riesgos para la seguridad de usuarios y trabajadores del sistema eléctrico.
Del total de eventos, 27.210 estuvieron relacionados con conexiones directas no autorizadas y alteraciones en los sistemas de medición, mientras que 1.080 correspondieron al robo de redes y componentes físicos. Solo en intervenciones destinadas a evitar el registro real del consumo se identificaron 7.230 casos, lo que evidencia la magnitud de prácticas fraudulentas que impactan la sostenibilidad del servicio y la confiabilidad del sistema de distribución.
En términos de energía, la compañía estimó pérdidas superiores a 56 gigavatios hora (GWh), equivalentes al consumo mensual de cerca de 430.000 hogares de estratos 2 y 3 con el mínimo vital de energía. El análisis también reveló que el 44 % de la energía recuperada durante el primer semestre del año estuvo asociada a clientes industriales y comerciales, reflejando la incidencia del fenómeno en sectores productivos.
El hurto de infraestructura también dejó un impacto significativo. Se registraron más de siete kilómetros de red eléctrica robada, así como 629 casos de sustracción de tapas de cámaras subterráneas y el hurto de 413 elementos vinculados a equipos telecontrolados, entre ellos baterías, piezas de control y cableado. Estas afectaciones generaron interrupciones y costos de normalización que superaron los 1.200 millones de pesos.
Según la empresa, más de 300.000 clientes resultaron afectados por alteraciones en la prestación del servicio derivadas de estas prácticas ilegales. Las localidades con mayor número de reportes fueron Chapinero, Kennedy, Santa Fe, Engativá y Suba, mientras que a nivel regional se identificaron casos relevantes en municipios como Soacha, Tenjo, Mosquera, Cogua y Madrid.
El fenómeno no solo tiene implicaciones económicas, sino también de seguridad. La manipulación ilegal de redes eléctricas puede provocar accidentes, fallas técnicas e incluso poner en riesgo la vida de quienes realizan conexiones clandestinas o de quienes habitan los entornos intervenidos. Además, estas conductas constituyen delitos que pueden acarrear sanciones penales de hasta 12 años de prisión.
Enel Colombia señaló que mantiene jornadas permanentes de control, verificación de conexiones y monitoreo de la infraestructura para detectar irregularidades y garantizar la continuidad del servicio. Estas acciones buscan reducir las pérdidas técnicas y comerciales, al tiempo que fortalecen la confiabilidad de la red eléctrica en su área de cobertura.
La compañía reiteró el llamado a la ciudadanía a no participar en prácticas ilegales y a reportar cualquier irregularidad, subrayando que la protección de la infraestructura energética es clave para asegurar un servicio seguro, estable y sostenible para todos los usuarios.
