Un hombre fue judicializado por su presunta responsabilidad en el secuestro de su pareja sentimental en hechos ocurridos en el barrio Manrique, en Medellín, entre el 6 y el 8 de febrero de 2026. La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, señala que la víctima habría sido retenida contra su voluntad mientras el agresor exigía dinero a la familia para permitir su liberación.
De acuerdo con las autoridades, el procesado, identificado como Johan Stiven Marino Mosquera, habría mantenido a la mujer en una vivienda, aislándola del contacto con otras personas y sometiéndola a constantes presiones. Paralelamente, se habría comunicado con la madre de la víctima para solicitarle dos millones de pesos, condicionando la seguridad de la mujer al pago de esa suma.
La actuación investigativa permitió establecer que las llamadas intimidatorias buscaban generar temor en la familia para obtener el dinero exigido. Este tipo de conductas, según la Fiscalía, configuran un presunto caso de secuestro extorsivo, delito que afecta gravemente la libertad individual y la integridad de las víctimas, además de comprometer la tranquilidad de sus entornos familiares.
El operativo de captura fue realizado en una acción conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional, especializadas en la lucha contra el secuestro y la extorsión. Durante el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial.
Tras su detención, una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó al señalado agresor ante un juez penal de control de garantías. En las audiencias preliminares le fueron imputados los delitos de secuestro extorsivo y tortura, cargos que el procesado no aceptó, por lo que el caso continuará en etapa de investigación.
El juez decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso, al considerar que existen elementos suficientes para inferir su posible participación en los hechos y que la privación de la libertad resulta necesaria para garantizar la comparecencia ante la justicia y la protección de la víctima.
Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas constituyen graves violaciones a los derechos humanos y recordaron que los mecanismos institucionales están diseñados para atender de manera prioritaria los casos de violencia y extorsión en contextos de pareja o intrafamiliares, donde muchas veces las víctimas enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La Fiscalía indicó que la información fue divulgada por razones de interés general y que el proceso continuará conforme a la ley, mientras se desarrollan las etapas judiciales correspondientes. El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho que atente contra la libertad personal y la seguridad, permitiendo la intervención de las autoridades competentes.
