En una operación conjunta desarrollada en el centro del país, unidades del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la incautación de un helicóptero Hughes 500 durante diligencias de allanamiento y registro efectuadas en los municipios de Funza y Cota, así como en el aeródromo de Guaymaral, en Bogotá, en el marco de acciones orientadas a combatir estructuras asociadas a economías ilícitas.
La operación fue liderada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 13 Tequendama, adscrito a la Décima Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, y los investigadores del CTI. Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en tres puntos estratégicos, como parte de un proceso investigativo que buscaba verificar la legalidad de la aeronave y su posible utilización en actividades delictivas.
Según las primeras indagaciones, el helicóptero habría sido incautado por la Policía Nacional en 1992 y, pese a ello, actualmente registra dos denuncias vigentes relacionadas con presuntos delitos de hurto y falsedad marcaria. Esta situación generó alertas sobre la trazabilidad del aparato, motivando la intervención interinstitucional para esclarecer su procedencia, estado jurídico y condiciones de registro dentro del sistema aeronáutico nacional.
Durante la inspección técnica especializada realizada por peritos aeronáuticos, se detectaron inconsistencias en los remaches de la placa de identificación, los cuales no corresponderían a los originales de fábrica. Este hallazgo sugiere posibles alteraciones en la identificación estructural del helicóptero, lo que podría constituir conductas relacionadas con adulteración de registros técnicos y manipulación de datos de origen, conforme a la normatividad vigente en materia aeronáutica.
Las autoridades señalaron que la incautación se sustentó precisamente en esas irregularidades detectadas en la estructura de identificación, motivo por el cual la aeronave y el material asociado, incluido un motor aeronáutico, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador adelantará ahora un análisis técnico detallado para determinar su autenticidad, historial de propiedad y eventual uso en actividades criminales.
El proceso busca establecer con precisión la trazabilidad del helicóptero, revisar los registros documentales y confirmar si existieron maniobras destinadas a ocultar su origen o facilitar su utilización por organizaciones ilegales. Este tipo de verificaciones resulta clave para evitar que aeronaves con antecedentes irregulares vuelvan a ingresar a circuitos operativos sin control de las autoridades competentes.
Con este resultado, las instituciones participantes consideran que se impactan posibles economías ilícitas que operan en la región central del país, especialmente aquellas vinculadas a redes logísticas del narcotráfico que requieren medios aéreos para movilidad y transporte. Las operaciones de control buscan cerrar espacios a estas estructuras mediante la verificación rigurosa de activos estratégicos como aeronaves y equipos especializados.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para fortalecer la legalidad, combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad nacional, al tiempo que avanzan las investigaciones judiciales que permitirán esclarecer la responsabilidad de los posibles implicados y definir la situación jurídica del material incautado.
