La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico y a un particular por presuntas irregularidades en un contrato destinado al suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales. El proceso judicial avanza tras evidencias que indicarían posibles fallas en la verificación de requisitos, direccionamiento contractual y uso de documentación que no correspondería con la experiencia exigida para la ejecución del objeto contratado.
Los vinculados al proceso son el exasesor financiero Jorge Luis Sampayo Herrera y la exasesora jurídica Gertrudis María Peralta Vásquez, además del contratista Julio César Altamar Rodríguez. Según el ente acusador, los exfuncionarios deberán responder por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, mientras que el particular fue imputado por contrato sin requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación, en el marco de la investigación penal adelantada.
La investigación se relaciona con el contrato 059 de julio de 2014, cuyo valor superó los mil millones de pesos. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, dicho contrato habría sido direccionado para favorecer a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, organización que presuntamente no contaba con la idoneidad técnica ni la experiencia necesaria para la construcción de embarcaciones, requisito fundamental para garantizar la correcta ejecución del proyecto productivo pesquero.
Las evidencias indican que el contratista habría presentado un Registro Único de Proponentes con información presuntamente falsa para acreditar experiencia en el sector. Este documento fue clave para cumplir con los requisitos habilitantes exigidos en el proceso contractual. La Fiscalía sostiene que esa certificación habría sido determinante para que la propuesta fuera considerada viable dentro del proceso de evaluación adelantado por el comité designado.
Los exasesores investigados integraron el comité evaluador que otorgó calificaciones favorables a la fundación contratista. Según la acusación, se dejó constancia de que cumplía con los requisitos técnicos y jurídicos, pese a que existirían inconsistencias frente a la capacidad real de la entidad para ejecutar el objeto del contrato, situación que habría permitido la adjudicación sin que se cumplieran plenamente las condiciones legales establecidas.
Otro de los hallazgos señalados por el ente investigador es la suspensión del contrato, medida que habría extendido indefinidamente el plazo inicial de ejecución, previsto para 30 días. Esta decisión habría otorgado a la fundación tiempo adicional para fabricar y entregar los 200 cascos para lanchas pesqueras, circunstancia que, según la Fiscalía, podría evidenciar una alteración en la planeación contractual y en los principios de eficiencia y transparencia.
La actuación judicial se adelanta bajo el respeto al debido proceso y las garantías constitucionales de los implicados. La Fiscalía continuará con la etapa procesal correspondiente para determinar responsabilidades individuales, mientras los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa, aportar pruebas y controvertir los elementos presentados por el ente acusador ante las autoridades judiciales competentes.
Este caso se suma a las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública territorial, en especial aquellas relacionadas con proyectos productivos dirigidos a comunidades vulnerables. Las autoridades buscan establecer si existió afectación a los recursos públicos y si las actuaciones señaladas comprometieron la finalidad social del contrato, orientado a fortalecer la actividad pesquera artesanal en la región Caribe.
