El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tomó posesión de la obra de la avenida Francisco Miranda, calle 45 entre carreras Séptima y Quinta, tras la finalización del contrato con el consorcio BELZCON S.A.S., que no cumplió con el objeto contractual. Al cierre del plazo, solo se había ejecutado el 43,39 % de la fase de obra. La decisión busca retomar el control del proyecto, mitigar riesgos y restablecer condiciones mínimas de movilidad y seguridad en este corredor vial estratégico del centro de Bogotá.
De acuerdo con el IDU, el contratista dejó inconclusas intervenciones clave, especialmente en el costado norte, donde no se iniciaron obras, y en el costado sur, donde quedaron pendientes actividades de calzada y espacio público. También quedaron sin terminar áreas peatonales entre las carreras Cuarta y Quinta. Esta situación generó afectaciones para residentes, comerciantes y usuarios del sector, obligando al Distrito a intervenir de manera directa para evitar mayores impactos en la movilidad y en la seguridad de quienes transitan por la zona.
La entidad distrital señaló que, pese a los llamados de la interventoría y del propio instituto, el contratista evidenció fallas de planeación, administración y disponibilidad de recursos técnicos y humanos. Los retrasos acumulados no fueron acompañados de un plan de mitigación efectivo que permitiera recuperar el tiempo perdido. Este incumplimiento reiterado derivó en la finalización del contrato y en el inicio de acciones administrativas que buscan establecer responsabilidades y proteger los recursos públicos comprometidos en la obra.
Actualmente, el IDU adelanta un proceso administrativo sancionatorio para declarar la caducidad del contrato por incumplimiento grave. En desarrollo de este trámite se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por $4.716 millones. Además, previamente se había impuesto una multa cercana a $606 millones como medida para conminar al contratista a cumplir sus obligaciones. Estas acciones buscan resarcir parcialmente los perjuicios y enviar un mensaje de control frente a la ejecución de contratos de infraestructura en la ciudad.
En paralelo, el Distrito activó un plan de intervención con varias entidades para mitigar los riesgos derivados de la obra inconclusa. En este proceso participan la Secretaría de Movilidad, la Unidad de Mantenimiento Vial, la Empresa de Acueducto y Enel Colombia, entre otras. El objetivo es garantizar condiciones seguras para peatones y vehículos, habilitar progresivamente pasos y restituir el espacio público afectado, mientras se define la continuidad definitiva del proyecto mediante un nuevo contrato.
Según el director del IDU, Orlando Molano, las acciones de mitigación priorizan la habilitación del tránsito en sentido occidente–oriente y la recuperación de la iluminación, la calzada y los andenes. Se prevé que en un plazo aproximado de dos meses se logre restablecer la conexión entre la carrera Séptima y la Quinta en condiciones más seguras. Estas medidas buscan reducir el impacto sobre la movilidad del sector, que es un eje clave de conexión entre el oriente y el centro de la ciudad.
El funcionario también indicó que el proceso se adelanta bajo lineamientos definidos por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, con el propósito de garantizar que las obras inconclusas no sigan afectando a la ciudadanía. La intervención coordinada entre entidades distritales y empresas de servicios públicos busca responder de manera integral a los problemas de infraestructura, movilidad y espacio público que dejó el incumplimiento contractual.
De manera simultánea, el IDU inició la estructuración de un nuevo proceso licitatorio para adjudicar nuevamente el proyecto. La meta es que, una vez contratado, la obra pueda concluirse en un plazo no mayor a un año. Con esta hoja de ruta, la administración distrital busca cerrar un capítulo de retrasos, restablecer la confianza en la ejecución de obras públicas y culminar una intervención clave para la movilidad y el entorno urbano de este sector de Bogotá.
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