La Conferencia Internacional ICARRD+20 avanzó en su segundo día hacia el núcleo del debate agrario global al centrar la discusión en la democratización del acceso a la tierra, el agua y los territorios. En la plenaria “20 años después: Balance sobre la distribución de la tierra, el agua y los territorios en el mundo”, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras expusieron sus declaraciones para construir una hoja de ruta más equitativa.
El espacio, moderado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, recogió los planteamientos del Foro de los Pueblos bajo la declaración política “Tierra para la Vida”. Allí se insistió en que el reconocimiento efectivo de campesinos, pescadores y trabajadores rurales como sujetos de derechos es condición para prevenir el despojo y el acaparamiento, consolidar justicia social y fortalecer la soberanía alimentaria frente a la pobreza y la desigualdad.
Leidy Tatiana Ramos Angola, del Proceso de Comunidades Negras de Colombia, recordó que la soberanía nacional está ligada a la soberanía alimentaria. En su intervención, pidió a los Estados asumir compromisos firmes frente a las dinámicas globales que amenazan los derechos territoriales de comunidades étnicas y rurales. Su mensaje subrayó que la defensa de la tierra es también defensa de la vida y de la autonomía de los pueblos.
Desde la vocería indígena, Elidili Voy llamó a que mujeres indígenas, jóvenes rurales y personas de género diverso participen activamente en la construcción y aplicación de reformas agrarias. Señaló que estos sectores suelen quedar excluidos del control, la herencia y la toma de decisiones sobre la tierra, situación que, afirmó, no puede perpetuarse si se pretende avanzar hacia modelos más inclusivos y sostenibles.
La academia también tuvo un papel protagónico. Delegados de 410 participantes y 321 universidades e instituciones educativas presentaron la declaración “Tierra, Vida y Sociedad”. En ella advirtieron que la tierra no puede reducirse a un activo financiero, sino entenderse como sustento, identidad, memoria y dignidad. Afirmaron que cuando los movimientos sociales reclaman reforma agraria, están defendiendo el derecho mismo a la vida.
El economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Máximo Torero, subrayó que la igualdad de género debe ser un eje transversal. Indicó que no basta con que las mujeres participen en decisiones, sino que cuenten con recursos y garantías reales para transformar sus condiciones de vida. También destacó la importancia del desarrollo rural integral y el acceso al agua y la tierra.
El debate coincidió en que la discusión no se limita a cuánto produce el mundo, sino a cómo, para quién y bajo qué modelo ecológico. Las intervenciones insistieron en articular reforma agraria con acción climática, protección de ecosistemas y seguridad alimentaria, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y crisis ambientales que impactan directamente a los territorios rurales.
Al cierre de la jornada, la ministra Carvajalino señaló que estas deliberaciones sientan las bases para una declaración final resiliente, justa y sostenible. ICARRD+20, que se desarrolla en Cartagena hasta el 28 de febrero, busca no solo renovar compromisos, sino fortalecer mecanismos de seguimiento y cooperación internacional para avanzar hacia un acceso más democrático a la tierra en el mundo.
