La discusión sobre tierra volvió a ocupar el centro del debate internacional durante la ICARRD+20 en Cartagena, tras la presentación del informe “La situación de la tierra y la gobernanza de la tierra”. El documento advierte que el acceso seguro y formal a la tierra sigue siendo limitado en el mundo, lo que impacta directamente la equidad agraria, la seguridad alimentaria y la estabilidad social en múltiples regiones.
El informe fue presentado por Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según las cifras expuestas, en los últimos 20 años solo el 35 % de las tierras en el mundo cuenta con documentación formal sobre propiedad, tenencia o derechos de uso. Además, el 23 % de las personas adultas manifiesta sentirse insegura respecto a su derecho de tenencia.
El organismo internacional alertó que persisten altos niveles de concentración de la tierra y profundas brechas de género que limitan el desarrollo inclusivo. Estas desigualdades estructurales se traducen en menor productividad agrícola, menor resiliencia frente a crisis climáticas y peores condiciones de nutrición. Para la FAO, la inseguridad en la tenencia es una de las formas más perjudiciales de desigualdad contemporánea.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo que en Colombia la concentración, el despojo y la informalidad agraria fueron factores estructurales del conflicto armado. Señaló que redistribuir la tierra no es solo una decisión productiva, sino una apuesta democrática orientada a ampliar la ciudadanía rural, reducir tensiones históricas y garantizar estabilidad duradera en los territorios.
Carvajalino afirmó que el país ha intentado durante más de un siglo transformar su estructura agraria, sin lograr revertir la concentración. Indicó que el desafío no se resuelve únicamente con leyes, sino con decisión política sostenida y respaldo social. Según explicó, la reforma agraria responde a un mandato del movimiento agrario y requiere tiempo, recursos y voluntad para consolidarse.
En la plenaria se subrayó que cualquier proceso de redistribución debe sustentarse en la concertación entre Estado y movimientos sociales. Los delegados coincidieron en que la reforma agraria no puede depender exclusivamente de la decisión de un gobierno, sino que debe convertirse en política estructural impulsada por el campesinado y el movimiento popular.
Las organizaciones participantes instaron a que su declaración sea asumida como hoja de ruta de la ICARRD+20. El llamado a los Estados fue claro: reconocer el mandato social expresado en el foro y avanzar hacia compromisos concretos que garanticen acceso equitativo a la tierra, seguridad jurídica y protección efectiva frente al despojo y el acaparamiento.
Al cierre, la ministra sintetizó el espíritu del encuentro con una consigna: tierra para comer, tierra para trabajar y tierra para la vida. Señaló que combatir el hambre y la pobreza implica devolver dignidad a quienes han sido excluidos y permitirles reconstruir los territorios, consolidando un consenso global que ponga la tierra al servicio de la justicia social y la humanidad..
