La ICARRD+20 abrió uno de sus debates más sensibles al abordar el impacto de los cultivos de uso ilícito en la Reforma Agraria y el desarrollo rural. En la plenaria “Tierra, soberanías y rutas para la paz”, expertos y delegaciones analizaron cómo articular la política de drogas con la redistribución de la tierra en territorios atravesados por economías ilegales.
Francisco Gutiérrez Sanín, del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, sostuvo que las economías ilícitas han prosperado donde fallaron las economías legales. Planteó que la sustitución requiere redistribución equitativa de la tierra y desarrollo territorial efectivo, e invitó a aprender de experiencias como las de Bolivia y Perú, donde la reducción de cultivos se articuló con políticas sociales y productivas.
Óscar Recinos, de La Vía Campesina en El Salvador, insistió en que la sustitución no puede basarse en la militarización, sino en el diálogo con las comunidades. Señaló que el enfoque debe ser participativo y garantizar mercados para los nuevos cultivos, evitando que las familias campesinas caigan nuevamente en economías ilícitas por falta de alternativas viables.
Desde Colombia, Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, afirmó que la coca es reflejo de la exclusión y de la falta de implementación de la Reforma Agraria. A su juicio, una redistribución justa de la tierra es condición indispensable para romper el círculo que vincula desigualdad rural y economías ilegales.
Darío Cendoya, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia de Uruguay, señaló que la estrategia debe combinar presión sobre redes ilícitas con “oxígeno” para las comunidades rurales, articulando políticas públicas de paz y desarrollo. La académica Frances Thomson agregó que sin acceso real a mercados, la sustitución fracasa y empuja a los campesinos de regreso a los cultivos ilícitos.
En la plenaria final, titulada “¿Quién controla la tierra, el petróleo y los minerales?”, el debate se amplió a la geopolítica de los recursos. Hilary Zhou, de Zimbabue, afirmó que muchos de los recursos estratégicos están en el sur global, pero son administrados por poderes económicos del norte. Jun Borras, del ISS en la Universidad Erasmus de Rotterdam, criticó la mercantilización de la tierra y llamó a fortalecer la tenencia comunitaria.
Claudia Patricia Ortiz, de la Comisión Mixta de Colombia, cuestionó el modelo extractivo que rompe vínculos espirituales con el territorio y defendió el principio de “tierra para quien la trabaja”. Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, propuso renovar el multilateralismo y dar a América Latina un papel protagónico en la construcción de un orden jurídico global que garantice derechos campesinos y étnicos.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, cerró la jornada afirmando que la ICARRD+20 representa la convergencia de crisis y una oportunidad para repensar la gobernanza global de los recursos. Señaló que redistribuir la tierra, recuperar bienes públicos y restaurar ecosistemas es parte de un nuevo consenso orientado a la sostenibilidad, la dignidad y la paz.
