Con un clamor colectivo por la vida y la justicia hídrica, quedó instalado en Cartagena el Foro “Pueblos y Movimientos Sociales por la Tierra, los Territorios, el Agua y la Dignidad”, un encuentro internacional que reúne a organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y movimientos sociales de varios continentes. Bajo la consigna de una reforma agraria urgente, los participantes buscan consolidar una posición común que sitúe la soberanía alimentaria y la defensa territorial en el centro del debate global.
Durante la apertura, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó la necesidad de reconocer a quienes trabajan la tierra y garantizan la alimentación. En su intervención, insistió en que la paz rural solo será posible si se avanza en transformaciones estructurales que devuelvan derechos sobre territorios históricamente afectados por la violencia y el despojo. También hizo un llamado al Congreso para aprobar la jurisdicción agraria como herramienta clave de reparación.
La ministra señaló que regiones como Sucre y Córdoba reflejan las consecuencias de décadas de concentración y conflicto armado. Según afirmó, recuperar esos territorios implica no solo redistribuir la tierra, sino garantizar acceso al agua y condiciones dignas de producción. En su mensaje, subrayó que la reforma agraria debe ser construida con los pueblos y movimientos sociales, actores que, dijo, han sostenido históricamente la economía rural y la seguridad alimentaria del país.
El foro también contó con la participación de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien cuestionó enfoques de conservación que, en el pasado, criminalizaron al campesinado y expulsaron comunidades de áreas protegidas. Vélez planteó que proteger la naturaleza no puede significar desplazar a quienes habitan los territorios, y defendió figuras como zonas de reserva y territorios agroalimentarios como alternativas que articulen protección ambiental y justicia social.
Desde el ámbito internacional, delegados de África, Asia, América Latina y el Ártico alertaron sobre el avance del denominado “extractivismo verde” y el acaparamiento de tierras bajo discursos de transición energética. Líderes sociales denunciaron la mercantilización del agua, el aire y los minerales, así como la presión de capitales financieros sobre territorios ancestrales. El diagnóstico compartido apunta a una crisis global donde la disputa por recursos naturales redefine conflictos y desigualdades.
Las voces del territorio marcaron uno de los momentos centrales del encuentro. Daniela Carabalí, del Proceso de Comunidades Negras, recordó que para las comunidades negras el territorio es inseparable de la vida, la espiritualidad y la autonomía. Señaló que la pesca y la agricultura ancestral sostienen no solo economías locales, sino identidades colectivas amenazadas por la fragmentación de tierras y la presión extractiva.
Representantes del movimiento mundial de pescadores insistieron en que cualquier reforma debe reconocer su condición anfibia y las rutas migratorias históricas que sostienen su actividad. Advirtieron que la parcelación individual podría desarticular procesos comunitarios construidos durante generaciones. Para estos sectores, la justicia hídrica implica garantizar acceso, manejo colectivo y protección de ecosistemas acuáticos como base de la seguridad alimentaria global.
El Foro continuará con la redacción de una declaración política que será presentada ante los Estados miembros en la próxima ICARRD+20. Los organizadores la definen como una hoja de ruta que busca incidir en políticas públicas internacionales. En Cartagena, los movimientos sociales dejaron claro que la reforma agraria y la defensa del agua no son consignas aisladas, sino demandas estructurales que reclaman voluntad política y compromisos concretos.
