La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, este último en calidad de secretario general de la Fundación de Educación Superior San José, por hechos relacionados con la presunta expedición de títulos universitarios sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la normatividad vigente para este tipo de certificaciones académicas en el país.
De acuerdo con el ente acusador, una fiscal adscrita a la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá será la encargada de presentar ante un juez de control de garantías la imputación formal, en la que se detallarán las conductas atribuidas a los investigados y su posible grado de responsabilidad individual dentro de los hechos que son objeto de la actuación penal.
La investigación se centra en la presunta emisión de documentos que acreditarían formación profesional sin que se hubieran surtido de manera completa y válida los procesos académicos y administrativos requeridos. Este tipo de actuaciones, según la Fiscalía, no solo comprometerían la legalidad de los títulos otorgados, sino que también afectarían la confianza pública en el sistema de educación superior y en la autenticidad de los documentos oficiales.
En ese contexto, el ente investigador anunció que imputará a las dos personas los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y uso de documento falso. Estas conductas, de ser probadas, estarían relacionadas con la supuesta incorporación de información contraria a la realidad en documentos con efectos jurídicos, así como con su posterior utilización ante distintas instancias.
La falsedad ideológica en documento público hace referencia a la consignación de datos inexactos o que no se ajustan a la verdad en un documento que goza de presunción de legalidad. Por su parte, el fraude procesal se configura cuando se induce en error a una autoridad judicial o administrativa para obtener una decisión contraria a la ley, mientras que el uso de documento falso implica emplear un soporte documental presuntamente irregular con fines específicos.
Según la Fiscalía, la actuación penal se enmarca en las labores de protección de la fe pública, un bien jurídico que salvaguarda la confianza de la ciudadanía en la autenticidad y validez de los documentos oficiales. La presunta irregularidad en la expedición de títulos académicos reviste especial gravedad, en tanto estos documentos habilitan el ejercicio de profesiones y generan efectos en ámbitos laborales, contractuales y sociales.
La audiencia de imputación, una vez sea programada por el despacho judicial correspondiente, permitirá que los señalados conozcan de manera formal los cargos que se les atribuyen. En esta etapa procesal no se define la responsabilidad penal, sino que se comunican los hechos jurídicamente relevantes y se garantizan los derechos de defensa y contradicción de las personas vinculadas a la investigación.
La Fiscalía reiteró que las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial en firme. El proceso continuará su curso conforme a las etapas previstas en la ley penal colombiana, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos y en la recolección de los elementos materiales probatorios relacionados con este caso.
