El aumento sostenido del fraude financiero en Colombia está encendiendo alertas sobre la capacidad de reacción del sistema bancario. Más que un problema de delincuentes más inteligentes, el fenómeno revela estructuras institucionales que avanzan con lentitud frente a amenazas que evolucionan en tiempo real. La discusión ya no gira solo en torno a tecnología, sino a liderazgo, cultura organizacional y velocidad de decisión dentro de las entidades financieras.
Según cifras de Asobancaria, en la primera mitad de 2025 se registraron 218.000 reclamaciones por fraudes en canales financieros. Las modalidades más reportadas fueron compras en línea (34,5%), fraude digital (26,7%) y robo de datos de tarjetas (14%). Estos datos reflejan un entorno donde la digitalización avanza, pero los mecanismos de protección no siempre lo hacen al mismo ritmo.
Un análisis de EPAM Systems sostiene que el fraude es más un síntoma que la causa principal del problema. El estudio plantea que muchas entidades siguen abordando el riesgo desde una lógica conservadora, tratándolo como un costo presupuestable y no como una prioridad estratégica de liderazgo. Esta visión limita la capacidad de anticipación y respuesta frente a redes criminales que operan con modelos ágiles y descentralizados.
El impacto recae directamente sobre los usuarios. Datos de DataCrédito indican que más del 90% de los colombianos percibe el fraude como un problema frecuente, y el 36,6% afirma haber sido víctima en el último año. Esta recurrencia pone en duda la rapidez de las medidas operativas básicas y evidencia una brecha entre la percepción ciudadana y la capacidad de reacción institucional.
Durante años, muchas instituciones financieras han gestionado el fraude desde el cumplimiento normativo, enfocándose en ser compatibles con regulaciones y estándares del sector. Sin embargo, en un ecosistema de pagos en tiempo real, identidades sintéticas y uso masivo de inteligencia artificial por parte de redes criminales, esa mentalidad resulta insuficiente para enfrentar amenazas dinámicas y altamente coordinadas.
El problema se profundiza cuando la prevención del fraude se fragmenta entre áreas legales, de riesgo u operaciones, diseñadas para minimizar exposición antes que para innovar. En estos esquemas, los equipos carecen de autonomía y recursos, lo que deriva en modelos que tardan meses en actualizarse y arquitecturas tecnológicas que no acompañan la velocidad de los ataques actuales.
Esta rigidez también deteriora la experiencia del cliente. Sistemas basados en reglas inflexibles generan altos niveles de falsos positivos y rechazos innecesarios, afectando la confianza y elevando costos operativos. Mientras tanto, los ciberdelincuentes operan con lógicas similares a startups tecnológicas, probando, ajustando y escalando tácticas con rapidez.
El planteamiento de los expertos es claro: la ventaja competitiva frente al fraude radica en la capacidad de respuesta. Transformar equipos antifraude en unidades ágiles, con enfoque de producto e inteligencia en tiempo real, no solo reduce pérdidas, sino que habilita procesos más fluidos de onboarding, crédito y personalización. En un sistema basado en la confianza, la inacción no solo cuesta dinero: compromete reputación y sostenibilidad.
