El aumento sostenido del fraude financiero en Colombia está revelando una paradoja incómoda para el sistema bancario. Mientras las amenazas digitales evolucionan con rapidez, muchas entidades continúan operando bajo modelos de gestión del riesgo diseñados para un entorno analógico, lo que limita su capacidad de reacción frente a dinámicas criminales que funcionan con lógica tecnológica, datos en tiempo real y estructuras descentralizadas.
Según cifras de Asobancaria, durante el primer semestre de 2025 se registraron 218.000 reclamaciones por fraudes en canales financieros. Las modalidades más frecuentes corresponden a compras en línea, con el 34,5% de los casos; fraude digital, con el 26,7%; y robo de datos de tarjetas, que alcanza el 14%, evidenciando la creciente exposición en entornos transaccionales virtuales.
Un análisis de la firma tecnológica EPAM Systems Inc. sostiene que el problema no radica únicamente en la sofisticación de los delincuentes, sino en una cultura institucional que históricamente ha tratado el fraude como un riesgo tolerable y presupuestable. Bajo esa lógica, muchas organizaciones priorizan el cumplimiento normativo mínimo en lugar de asumir la prevención como una estrategia central de negocio.
El impacto recae directamente sobre los usuarios. Datos de DataCrédito indican que más del 90% de los colombianos percibe el fraude como un problema frecuente, mientras que el 36,6% afirma haber sido víctima durante el último año. La recurrencia de estos eventos cuestiona la velocidad de respuesta de las instituciones y la eficacia de sus medidas operativas.
Durante décadas, la gestión antifraude en el sector financiero se ha basado en estructuras orientadas a auditoría, control documental y verificación posterior. Sin embargo, en un ecosistema caracterizado por pagos en tiempo real, identidades sintéticas y uso intensivo de inteligencia artificial por redes criminales, este enfoque resulta insuficiente para anticipar amenazas que cambian en cuestión de minutos.
El problema se profundiza cuando la prevención del fraude se distribuye entre múltiples áreas —legales, de riesgo y operativas— con baja coordinación y escasa autonomía presupuestal. Este modelo fragmentado ralentiza la toma de decisiones, retrasa la actualización de los sistemas y mantiene arquitecturas tecnológicas que no acompañan la velocidad de los ataques actuales.
Esa desconexión cultural también afecta la experiencia del cliente. Los sistemas basados en reglas rígidas generan altos niveles de falsos positivos y rechazos innecesarios, deteriorando la confianza del usuario y aumentando los costos operativos. Mientras tanto, los ciberdelincuentes operan con esquemas ágiles, similares a los de startups tecnológicas, adaptándose rápidamente a cada barrera.
El análisis plantea que la verdadera ventaja competitiva en la lucha contra el fraude no está en el tamaño de la inversión, sino en la capacidad de respuesta. Las entidades que no reaccionan con rapidez enfrentan pérdidas económicas, deterioro reputacional, fuga de clientes y mayores presiones regulatorias, además de un aumento en litigios asociados a fallas en la protección.
Frente a este escenario, la prevención del fraude empieza a entenderse como un mecanismo de protección del margen y del crecimiento. Esto implica migrar desde estructuras enfocadas en el control ex post hacia modelos basados en inteligencia en tiempo real, análisis de comportamiento y toma de decisiones integradas al negocio.
Algunas instituciones ya avanzan en esa transformación, reorganizando sus equipos antifraude bajo metodologías ágiles, con enfoque de producto y responsabilidad directa sobre resultados. Estas capacidades permiten detectar anomalías con mayor precisión y habilitar servicios más fluidos, como procesos de vinculación digital simplificados, aprobación inmediata de créditos y experiencias personalizadas.
Para el sistema financiero colombiano, el desafío ya no es únicamente tecnológico, sino cultural. Tratar el fraude como un requisito de cumplimiento puede convertirse en un costo estructural cada vez más alto. En un entorno donde la confianza es el principal activo, la capacidad de anticiparse al delito será también la medida del liderazgo institucional.
