El ministro de Defensa encabezó un Consejo de Seguridad en la ciudad de Ibagué, acompañado por la Gobernación del Tolima y altos mandos de la Fuerza Pública, con el objetivo de revisar el panorama de orden público en el departamento. Durante la jornada se evaluaron riesgos, presencia de estructuras ilegales y dinámicas delictivas, al tiempo que se definieron líneas de acción conjuntas para anticipar y contener posibles afectaciones a la seguridad ciudadana.
Las autoridades destacaron que el Tolima se mantiene entre los territorios con mejores indicadores de seguridad, al no registrar fenómenos de desplazamiento forzado ni confinamiento de comunidades por causa de actores armados ilegales. Este balance fue presentado como resultado de la acción sostenida de la Fuerza Pública, la coordinación con autoridades civiles y la respuesta oportuna frente a focos de riesgo detectados en zonas específicas.
En el encuentro se analizó la evolución de las amenazas criminales, especialmente aquellas relacionadas con economías ilícitas que buscan expandirse hacia regiones con corredores estratégicos. Las autoridades insistieron en que, aunque los indicadores son favorables, no se bajará la guardia. La prioridad será impedir que organizaciones ilegales consoliden presencia territorial o afecten a la población mediante intimidaciones, extorsiones u otras modalidades que deterioren la convivencia.
Como parte de las decisiones adoptadas, el Gobierno Nacional anunció el refuerzo del pie de fuerza con 18 pelotones del Ejército Nacional de Colombia, así como el despliegue de unidades especializadas en inteligencia y operaciones. Estas capacidades estarán orientadas a fortalecer el control en áreas rurales y corredores estratégicos, donde se busca anticipar movimientos de grupos ilegales y cerrar espacios a cualquier intento de expansión de estructuras criminales.
De manera paralela, se informó sobre el fortalecimiento de la presencia de la Policía Nacional de Colombia en cabeceras municipales y zonas urbanas, con énfasis en labores de investigación, prevención y judicialización. El trabajo policial se enfocará en delitos que impactan directamente a la ciudadanía, como extorsión, tráfico de estupefacientes y otras rentas ilegales que sirven de soporte financiero a organizaciones delincuenciales con capacidad de intimidación.
Uno de los anuncios centrales fue la declaratoria de objetivos de alto valor dentro de las estructuras criminales que operan o intentan operar en el departamento. Las autoridades ofrecieron recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a cabecillas responsables de dinamizar economías ilegales, bajo un esquema que combina inteligencia, participación ciudadana y articulación entre entidades judiciales y operativas.
Asimismo, se puso en marcha un plan piloto contra la minería ilegal, considerado un factor que alimenta otras actividades delictivas y genera daños ambientales significativos. La estrategia contempla intervención interinstitucional, control territorial, seguimiento a cadenas financieras y acciones judiciales para golpear las redes que se lucran de esta práctica, buscando cerrar fuentes de financiación que fortalecen a organizaciones criminales.
El Consejo de Seguridad concluyó con el compromiso de mantener un monitoreo permanente de la situación en Tolima, reforzar la coordinación entre autoridades locales y nacionales, y sostener la presencia integral del Estado en los territorios priorizados. El mensaje fue claro: preservar los buenos indicadores de seguridad exige acciones preventivas, reacción rápida y una ofensiva constante contra quienes intenten alterar la tranquilidad de las comunidades.
