Colombia avanza en la transformación de su matriz energética con un impacto directo en el bolsillo de los usuarios. De acuerdo con el más reciente balance sectorial, el país proyecta superar los 4.200 megavatios (MW) de capacidad en energías renovables durante 2026, entre proyectos en operación, pruebas y construcción, un hito que consolida el proceso de transición hacia fuentes limpias y más competitivas.
De esta capacidad, 2.876 MW corresponden a proyectos de mediana y gran escala que estarán en operación comercial o fase de pruebas, mientras que más de 1.300 MW provienen de recursos distribuidos como autogeneración y pequeñas granjas solares. Solo en 2026, 177 MW adicionales, equivalentes a 16 proyectos, entrarán en funcionamiento dentro del sistema eléctrico nacional.
El dinamismo del sector también se refleja en los proyectos en curso. Cerca de 1.043 MW, distribuidos en 20 iniciativas, se preparan para iniciar construcción este año, y más de 5.800 MW se encuentran en fases tempranas de desarrollo. Este panorama ratifica el interés inversionista y la aceleración de un portafolio que busca diversificar las fuentes de generación en el país.
Según el Portafolio Renovable Disponible en Colombia, con decisiones regulatorias y de política pública adecuadas, el país podría incorporar entre 6.586 y 9.500 MW adicionales de energías limpias en los próximos cinco años. Este crecimiento tendría un efecto directo en las tarifas eléctricas, con un ahorro acumulado estimado de hasta $7 billones para los usuarios.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que este avance responde al fortalecimiento de una matriz más limpia, competitiva y segura. Desde el Ministerio de Minas y Energía se impulsa el cierre financiero de proyectos, la modernización del mercado eléctrico y el destrabe de trámites para acelerar la entrada de nueva capacidad renovable.
El balance sectorial también resalta el respaldo ciudadano a esta transformación. De acuerdo con las cifras divulgadas, el 96 % de los colombianos apoya que la energía solar sea la fuente de mayor crecimiento, mientras que el 88 % prioriza la eólica, lo que evidencia un consenso social a favor de un modelo energético más sostenible.
Las acciones institucionales se enfocan además en fortalecer la infraestructura de transmisión, promover sistemas de almacenamiento con baterías y ampliar la autogeneración, especialmente en zonas industriales y rurales. Estas medidas buscan reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Con este escenario, la transición energética se perfila no solo como una estrategia ambiental, sino como un mecanismo para estabilizar precios, aumentar la seguridad energética y generar beneficios económicos para hogares, regiones e industria, consolidando una matriz más resiliente y alineada con los desafíos del desarrollo sostenible.
