La situación registrada este lunes en el Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá, fue dada a conocer inicialmente por el secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero Ardila, mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, desde donde informó sobre las afectaciones generadas por un bloqueo protagonizado por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.
Según el pronunciamiento del funcionario distrital, la manifestación provocó retenciones al personal de diferentes entidades públicas pertenecientes a las ramas Ejecutiva y Judicial, lo que impactó el acceso y la movilidad dentro de este complejo administrativo, uno de los principales nodos institucionales del orden nacional en la capital.
El secretario indicó que, ante la situación, se estaba a la espera de la realización de una reunión propuesta para las 2:00 p. m., con el fin de abrir un espacio de diálogo entre las partes involucradas. En su mensaje, solicitó la presencia del Ministerio del Interior y de delegados del Gobierno Nacional para atender las demandas planteadas por las comunidades.
La comunicación difundida en redes sociales también hizo énfasis en la necesidad de garantizar la integridad de las personas que trabajan en la zona, así como en rechazar cualquier tipo de agresión o alteración del orden público durante el desarrollo de la protesta.
El CAN concentra sedes de múltiples entidades estatales, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento tiene efectos directos sobre la prestación de servicios, trámites administrativos y la dinámica laboral de cientos de funcionarios y ciudadanos que acuden diariamente al sector.
Hasta el momento del reporte, la información disponible provenía del pronunciamiento oficial del secretario de Gobierno, mientras las autoridades avanzaban en gestiones para instalar la mesa de conversación y evaluar soluciones que permitieran normalizar las actividades en el lugar.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el reto institucional de equilibrar el derecho a la protesta social con la garantía de continuidad en la operación de las entidades públicas, especialmente en escenarios donde confluyen competencias nacionales y distritales.
Se espera que, tras los acercamientos anunciados, se logren acuerdos que permitan atender las solicitudes de los manifestantes y restablecer plenamente el funcionamiento del complejo administrativo, evitando mayores afectaciones a la ciudadanía y al servicio público.
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